Los delitos que denuncian son “estafa, defraudación por desbaratamiento de derecho acordados y violación de los deberes de funcionario público”.
La denuncia dice que “el objeto de la investigación es apuntar a mostrar uno de los mayores delitos de estos tiempos, con connotaciones públicas y con la complicidad de un gigantesco grupo multinacional, en contra de los intereses de centenares de importantes industrias del Noroeste argentino".
La empresa, Papelera Tucumán indicó que en 2004 se hizo cargo, junto con otras industrias, de costear la construcción de un gasoducto, “algo que no estaba obligado a hacer”, según sostuvo en la presentación judicial.
A cambio, Repsol-YPF y Papelera Tucumán firmaron un contrato de compraventa de gas por 240 mil metros cúbicos diarios, provenientes de la cuenca noroeste y de Bolivia. Pero en octubre de este año, la petrolera invocó el convenio firmado entre la Argentina y Bolivia en lo que se refiere a que la importación de gas quedará en adelante a cargo de ENARSA, la empresa estatal de energía.
Según otra de las notas de YPF, el contrato firmado en diciembre de 2004 con Papelera Tucumán fue reemplazado por otro entre YPF y ENARSA. Agregó que YPF Bolivia informó a ENARSA sobre una situación de fuerza mayor que obligó a la suspensión del suministro entre fines de noviembre y principios de diciembre. Según la denunciante “la eximente de fuerza mayor esgrimida por YPF es manifiestamente dolosa por cuanto el gas natural que se importa de Bolivia es una cantidad insignificante frente al total del consumo nacional”.
Papelera Tucumán añade además que “se desprende con absoluta nitidez que YPF se encuentra en condiciones de continuar con su obligación contractual de proveer 240 mil metros cúbicos diarios de gas”. También señaló que “en la fraudulenta maniobra que se manifiesta al desbaratarse los derechos de Papeleta Tucumán” también se ve afectada en su carácter de obligado pagador en la construcción del gasoducto centro-oeste.
“Las autoridades de Repsol YPF, YPF S.A., Secretaría de Energía, Subsecretaría de Combustibles, Enargas Tucumán y ENARSA nada hicieron para impedir el delito, por el contrario lo alentaron con acciones y/o con omisiones” expresa la presentación judicial de la empresa.
La denunciante indicó que cedió a YPF los derechos adquiridos en el concurso de capacidad de transporte en el gasoducto norte por 240 mil metros cúbicos diarios. “Es dable recordar-expresó-que la aludida cesión se tornó obligatoria e imperativa para celebrar el contrato de compraventa de gas natural con YPF”.
Papelera Tucumán afirmó además que incumple YPF lo firmado “agravando la situación de la empresa por el diferencial de plazos (el contrato Original era de 12 años) y por el hecho notorio de los precios del gas que la autoridad pública convalidó con otro país al resultar desabastecido el mercado interno por reexportarse gas a otros países”
totalnews.com
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