El nuevo reglamento de régimen interno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha evidenciado la ruptura en el seno del organismo regulador. La mayor parte de los consejeros que forman el órgano colegiado de decisión de la entidad reguladora han reaccionar en contra de las nuevas atribuciones otorgadas a Maite Costa y algunos han decidido elevar por todo lo alto el contencioso con la presentación de un recurso al Tribunal Supremo.
Según ha podido saber LA RAZÓN, el vicepresidente de la CNE, Fernando Marti, y los vocales Javier Peón y Luis Albentosa han suscrito poderes notariales para presentar demandas ante el Alto Tribunal dentro del plazo legal que termina hoy.
El reglamento en cuestión fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de octubre pero no se publicó en el BOE hasta cinco días después. El Real Decreto que ampara este ordenamiento interno de la CNE fue promovido por el ministro de Industria, Joan Clos, y en el mismo se establecen nuevas facultades operativas en favor de la presidenta del organismo supervisor de los mercados energéticos. Los consejeros entienden que el reglamento recorta las facultades colegiadas del propio consejo y de ahí la oposición frontal manifestada por una mayoría de los vocales.
En concreto, seis de los nueve miembros del consejo exigieron desde un primer momento la oportuna rectificación al ministro de Industria. A los tres anteriormente citados se unen también Carmen Fernández Rozado, José Sierra y Jorge Fabra, si bien en estos casos la intervención directa del propio Joan Clos ha servido para atemperar los ánimos. Persuadido por el secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, el ministro se ha esforzado en telefonear personalmente a estos tres consejeros asumiendo su compromiso de modificar el reglamento tan rápido como sea posible. Para ello hace falta que los abogados del Estado encuentren el mecanismo adecuado y efectivo que permita introducir los cambios solicitados por el propio consejo de la CNE.
El máximo órgano de gobierno de la entidad que preside Maite Costa envió, en efecto, una carta al ministro Clos hace ahora diez días en la que exponía sucintamente los aspectos del reglamento objeto de controversia. En la misiva se detallaba el alcance de las modificaciones precisas para restaurar las facultades de los miembros del consejo sin supeditar su autoridad a una relación de jerarquía dependiente de la presidenta.
Los tres vocales que han decidido llegar al Supremo consideran que el Ministerio de Industria ha tenido tiempo suficiente para acreditar una garantía formal en favor de estos cambios y, en su defecto, han exigido a Clos que asumiera un compromiso por escrito. El ministro no ha respondido a este requerimiento por lo que los consejeros han tramitado el recurso, advirtiendo que retirarán sus demandas en el mismo momento en que el BOE recoja las oportunas rectificaciones al reglamento de la CNE.
LaRazon.es
Según ha podido saber LA RAZÓN, el vicepresidente de la CNE, Fernando Marti, y los vocales Javier Peón y Luis Albentosa han suscrito poderes notariales para presentar demandas ante el Alto Tribunal dentro del plazo legal que termina hoy.
El reglamento en cuestión fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de octubre pero no se publicó en el BOE hasta cinco días después. El Real Decreto que ampara este ordenamiento interno de la CNE fue promovido por el ministro de Industria, Joan Clos, y en el mismo se establecen nuevas facultades operativas en favor de la presidenta del organismo supervisor de los mercados energéticos. Los consejeros entienden que el reglamento recorta las facultades colegiadas del propio consejo y de ahí la oposición frontal manifestada por una mayoría de los vocales.
En concreto, seis de los nueve miembros del consejo exigieron desde un primer momento la oportuna rectificación al ministro de Industria. A los tres anteriormente citados se unen también Carmen Fernández Rozado, José Sierra y Jorge Fabra, si bien en estos casos la intervención directa del propio Joan Clos ha servido para atemperar los ánimos. Persuadido por el secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, el ministro se ha esforzado en telefonear personalmente a estos tres consejeros asumiendo su compromiso de modificar el reglamento tan rápido como sea posible. Para ello hace falta que los abogados del Estado encuentren el mecanismo adecuado y efectivo que permita introducir los cambios solicitados por el propio consejo de la CNE.
El máximo órgano de gobierno de la entidad que preside Maite Costa envió, en efecto, una carta al ministro Clos hace ahora diez días en la que exponía sucintamente los aspectos del reglamento objeto de controversia. En la misiva se detallaba el alcance de las modificaciones precisas para restaurar las facultades de los miembros del consejo sin supeditar su autoridad a una relación de jerarquía dependiente de la presidenta.
Los tres vocales que han decidido llegar al Supremo consideran que el Ministerio de Industria ha tenido tiempo suficiente para acreditar una garantía formal en favor de estos cambios y, en su defecto, han exigido a Clos que asumiera un compromiso por escrito. El ministro no ha respondido a este requerimiento por lo que los consejeros han tramitado el recurso, advirtiendo que retirarán sus demandas en el mismo momento en que el BOE recoja las oportunas rectificaciones al reglamento de la CNE.
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