Luego de la denuncia penal presentada por el estudio de abogados perteneciente al ex diputado Dr. Ricardo Falú contra el Enargas, la Secretaría de Energía y el presidente de Repsol -YPF, Antonio Brufau, por incumplimiento de un contrato de gas que había sido firmado en 2004, Falú dijo a Canal 26 que el fiscal que investiga la causa pidió datos de los directivos de la petrolera para revisar sus antecedentes e investigar irregularidades. Escuche el audio con las declaraciones.
Falú recordó que se presentó una denuncia penal, por los delitos de “estafa, defraudación por desbaratamiento de derecho acordados y violación de los deberes de funcionario público”. La denuncia dice que “el objeto de la investigación es apuntar a mostrar uno de los mayores delitos de estos tiempos, con connotaciones públicas y con la complicidad de un gigantesco grupo multinacional, en contra de los intereses de centenares de importantes industrias del Noroeste argentino".
El letrado dijo que Papelera Tucumán en 2004 se hizo cargo, junto con otras industrias, de costear la construcción de un gasoducto, “algo que no estaba obligado a hacer”, según sostuvo en la presentación judicial. A cambio, Repsol-YPF y Papelera Tucumán firmaron un contrato de compraventa de gas por 240 mil metros cúbicos diarios, provenientes de la cuenca noroeste y de Bolivia. Pero en octubre de este año, la petrolera invocó el convenio firmado entre la Argentina y Bolivia en lo que se refiere a que la importación de gas quedará en adelante a cargo de ENARSA, la empresa estatal de energía. “Repsol se desentiende la cuestión y le tira la pelota a ENARSA y cambia la modalidad de precios y no asegura la provisión de combustible” dijo el letrado.
En cuanto a la posibilidad del aumento del precio del gas y la falta provisión del mismo, que haría que cientos de industrias que funcionan en Tucumán y la región, tuvieran que paralizar su producción, el doctor Ricardo Falú aseveró que “el gas que consumen estas industrias, el 93% de origen nacional, solo un 7% es importado de Bolivia, como ese 7% aumentó por convenio entre Bolivia y Argentina, ahora pretenden reformar el precio de la totalidad de la tarifa del gas. El 93% se mantiene igual con que en el año 2004, y pretenden aumentar el gas. Eso me parece una barbaridad”, dijo el letrado y agregó que esta situación perjudicaría a la producción de las empresas de la zona.
Cabe recordar que la denuncia hecha contra Repsol-YPF, establece que “la eximente de fuerza mayor esgrimida por YPF es manifiestamente dolosa por cuanto el gas natural que se importa de Bolivia es una cantidad insignificante frente al total del consumo nacional”. Y en cuanto al contrato
“agravando la situación de la empresa por el diferencial de plazos (el contrato Original era de 12 años) y por el hecho notorio de los precios del gas que la autoridad pública convalidó con otro país al resultar desabastecido el mercado interno por reexportarse gas a otros países”
Falú destacó que la denuncia hecha contra Repsol-YPF esta en manos del fiscal general de Tucumán y este ya le dio curso. “Esto nos alienta, porque el fiscal no desechó la denuncia y se están investigando estas irregularidades. Ya pidió datos del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y la nomina de autoridades de la empresa, para revisar sus antecedentes” aseguró.
26noticias
Falú recordó que se presentó una denuncia penal, por los delitos de “estafa, defraudación por desbaratamiento de derecho acordados y violación de los deberes de funcionario público”. La denuncia dice que “el objeto de la investigación es apuntar a mostrar uno de los mayores delitos de estos tiempos, con connotaciones públicas y con la complicidad de un gigantesco grupo multinacional, en contra de los intereses de centenares de importantes industrias del Noroeste argentino".
El letrado dijo que Papelera Tucumán en 2004 se hizo cargo, junto con otras industrias, de costear la construcción de un gasoducto, “algo que no estaba obligado a hacer”, según sostuvo en la presentación judicial. A cambio, Repsol-YPF y Papelera Tucumán firmaron un contrato de compraventa de gas por 240 mil metros cúbicos diarios, provenientes de la cuenca noroeste y de Bolivia. Pero en octubre de este año, la petrolera invocó el convenio firmado entre la Argentina y Bolivia en lo que se refiere a que la importación de gas quedará en adelante a cargo de ENARSA, la empresa estatal de energía. “Repsol se desentiende la cuestión y le tira la pelota a ENARSA y cambia la modalidad de precios y no asegura la provisión de combustible” dijo el letrado.
En cuanto a la posibilidad del aumento del precio del gas y la falta provisión del mismo, que haría que cientos de industrias que funcionan en Tucumán y la región, tuvieran que paralizar su producción, el doctor Ricardo Falú aseveró que “el gas que consumen estas industrias, el 93% de origen nacional, solo un 7% es importado de Bolivia, como ese 7% aumentó por convenio entre Bolivia y Argentina, ahora pretenden reformar el precio de la totalidad de la tarifa del gas. El 93% se mantiene igual con que en el año 2004, y pretenden aumentar el gas. Eso me parece una barbaridad”, dijo el letrado y agregó que esta situación perjudicaría a la producción de las empresas de la zona.
Cabe recordar que la denuncia hecha contra Repsol-YPF, establece que “la eximente de fuerza mayor esgrimida por YPF es manifiestamente dolosa por cuanto el gas natural que se importa de Bolivia es una cantidad insignificante frente al total del consumo nacional”. Y en cuanto al contrato
“agravando la situación de la empresa por el diferencial de plazos (el contrato Original era de 12 años) y por el hecho notorio de los precios del gas que la autoridad pública convalidó con otro país al resultar desabastecido el mercado interno por reexportarse gas a otros países”
Falú destacó que la denuncia hecha contra Repsol-YPF esta en manos del fiscal general de Tucumán y este ya le dio curso. “Esto nos alienta, porque el fiscal no desechó la denuncia y se están investigando estas irregularidades. Ya pidió datos del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y la nomina de autoridades de la empresa, para revisar sus antecedentes” aseguró.
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