by Mauricio Miranda y Oliver Bodán
Directivos de la empresa española Unión Fenosa amenazaron con demandar a Nicaragua ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una dependencia del Banco Mundial, por el supuesto “incumplimiento” de los términos del contrato por la distribución de energía, por “menoscabo a sus intereses”, y por ser víctima de decisiones “injustas y discriminatorias”.
La demanda se haría efectiva si en seis meses, a partir de noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), como representante legal del Estado de Nicaragua, no resuelve las diferencias con dicha compañía, según información oficial
Carta a Embajada en Madrid
“Dicha solicitud fue enviada por las oficinas de Unión Fenosa en España, a la Embajada de Nicaragua en Madrid. La misma, de conformidad con el referido acuerdo internacional, hace referencia a un plazo de seis meses para alcanzar acuerdos satisfactorios, de lo contrario procederían a solicitar un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”, se lee en una carta enviada de Cancillería a la PGR, el mes pasado.
Una consecuencia de esta demanda, de la que todavía se desconoce a cuánto puede ascender, puede ser el cobro de la garantía por el contrato de concesión, de parte de Unión Fenosa, que es de 109.3 millones de dólares, según el procurador general Alberto Novoa.
Esta amenaza surge a pesar de que existe un proceso de arbitraje entre la transnacional española y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador, por irregularidades denunciadas contra la compañía.
“El inversionista español alega que ha sufrido menoscabo en sus intereses debido a lo previsto en el marco regulador del proceso de privatización de las empresas Disnorte y Dissur, así como que en el país se han adoptado medidas y decisiones injustas y discriminatorias que han supuesto un obstáculo a la gestión, mantenimiento, desarrollo y disfrute de su inversión en Nicaragua”, se lee en la carta.
El procurador Alberto Novoa aseguró que los directivos de Unión Fenosa argumentan que se han vulnerado las bases del acuerdo del contrato, por medio del cual adquirieron en Nicaragua, Disnorte y Dissur.
“Por lo tanto (argumentan que), la inversión española está en riesgo, y al estar en riesgo ellos van a demandar el cumplimiento de la garantía y amenazan con demandar al Estado de Nicaragua, por el incumplimiento de parte del Estado, de los términos del contrato”, explicó Novoa.
La garantía que cobrarían los directivos de Unión Fenosa es de 109.3 millones de dólares, afirmó el procurador, pero no precisó a cuánto ascendería la demanda contra Nicaragua ante el Ciadi.
Procurador general: Ciadi es partidario de las transnacionales
El procurador Alberto Novoa advirtió que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo ante cual el Estado de Nicaragua podría ser demandado, se inclina a favorecer los intereses de las empresas transnacionales que acuden ante éste, según conoció por parte de especialistas.
“He conversado con varias personas especializadas en este tipo de litigio, y dicen que tiene una tendencia grande a que este tribunal de arbitraje favorezca a las empresas, y que generalmente los países demandados son los países pobres: en África, a Argentina le ha llovido bastante”, expresó el procurador. “Dicen ellos que es como proteger la inversión”, añadió.
Entre Nicaragua y España existe un Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones.
Según Alberto Novoa, las amenazas de demanda contra Nicaragua ante el Ciadi exigen una respuesta de Estado, que involucre a las instituciones que puedan estar relacionadas con el caso, como el INE y la Contraloría. “Porque cualquier desliz que se haga le daría pie a esta transnacional de perjudicarnos”, advirtió Novoa.
EL NUEVO DIARIO intentó comunicarse con José Ley Lau, Gerente de de Negocios de Unión Fenosa en Nicaragua, pero no respondió los mensajes dejados en su teléfono celular.
Intentamos comunicarnos también con Jorge Katín, Gerente de Comunicaciones de la compañía, pero tampoco fue posible localizarlo. Tampoco respondió los mensajes en su teléfono móvil.
elnuevodiario.com.ni
Una consecuencia de esta demanda, de la que todavía se desconoce a cuánto puede ascender, puede ser el cobro de la garantía por el contrato de concesión, de parte de Unión Fenosa, que es de 109.3 millones de dólares, según el procurador general Alberto Novoa.
Esta amenaza surge a pesar de que existe un proceso de arbitraje entre la transnacional española y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador, por irregularidades denunciadas contra la compañía.
“El inversionista español alega que ha sufrido menoscabo en sus intereses debido a lo previsto en el marco regulador del proceso de privatización de las empresas Disnorte y Dissur, así como que en el país se han adoptado medidas y decisiones injustas y discriminatorias que han supuesto un obstáculo a la gestión, mantenimiento, desarrollo y disfrute de su inversión en Nicaragua”, se lee en la carta.
El procurador Alberto Novoa aseguró que los directivos de Unión Fenosa argumentan que se han vulnerado las bases del acuerdo del contrato, por medio del cual adquirieron en Nicaragua, Disnorte y Dissur.
“Por lo tanto (argumentan que), la inversión española está en riesgo, y al estar en riesgo ellos van a demandar el cumplimiento de la garantía y amenazan con demandar al Estado de Nicaragua, por el incumplimiento de parte del Estado, de los términos del contrato”, explicó Novoa.
La garantía que cobrarían los directivos de Unión Fenosa es de 109.3 millones de dólares, afirmó el procurador, pero no precisó a cuánto ascendería la demanda contra Nicaragua ante el Ciadi.
Procurador general: Ciadi es partidario de las transnacionales
El procurador Alberto Novoa advirtió que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo ante cual el Estado de Nicaragua podría ser demandado, se inclina a favorecer los intereses de las empresas transnacionales que acuden ante éste, según conoció por parte de especialistas.
“He conversado con varias personas especializadas en este tipo de litigio, y dicen que tiene una tendencia grande a que este tribunal de arbitraje favorezca a las empresas, y que generalmente los países demandados son los países pobres: en África, a Argentina le ha llovido bastante”, expresó el procurador. “Dicen ellos que es como proteger la inversión”, añadió.
Entre Nicaragua y España existe un Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones.
Según Alberto Novoa, las amenazas de demanda contra Nicaragua ante el Ciadi exigen una respuesta de Estado, que involucre a las instituciones que puedan estar relacionadas con el caso, como el INE y la Contraloría. “Porque cualquier desliz que se haga le daría pie a esta transnacional de perjudicarnos”, advirtió Novoa.
EL NUEVO DIARIO intentó comunicarse con José Ley Lau, Gerente de de Negocios de Unión Fenosa en Nicaragua, pero no respondió los mensajes dejados en su teléfono celular.
Intentamos comunicarnos también con Jorge Katín, Gerente de Comunicaciones de la compañía, pero tampoco fue posible localizarlo. Tampoco respondió los mensajes en su teléfono móvil.
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