El sector de los biocarburantes ha reclamado al Gobierno que se 'moje' y le trate como una alternativa real al petróleo, si quiere cumplir sin apreturas la obligación impuesta por la Unión Europea sobre su uso. Según la misma, al menos, el 5,75% del carburante que consuma el transporte público en 2010 debería ser de origen 'verde' (es decir, bioetanol o biodiésel).El Ministerio de Agricultura parece haberse hecho eco de su petición, pero a la hora de financiar nuevas iniciativas choca con el departamento de Economía y Hacienda de Pedro Solbes, que incluso 'penaliza' a alguno de esos combustibles (etanol) como si fuera alcohol, que tiene uno de los tributos más altos.
El desarrollo de ese tipo de combustibles se está produciendo de una manera muy lenta, a pesar de las ventajas -en gran medida medioambientales- que tienen frente a los combustibles tradicionales. El diodiésel se obtiene a partir de aceites vegetales -soja, colza, etc- y que se mezcla con el gasóleo en una proporción que puede llegar hasta el 15%. Mientras, el bioetanol se utiliza con la gasolina y se produce mediante la fermentación de materias vegetales ricas en azúcar y almidón, como la remolacha.
Como responsable de las cuentas del Estado, el vicepresidente económico tiene la llave de cualquier acuerdo de peso para impulsar los biocarburantes. Por ejemplo, la industria transformadora (que en España casi monopolizan Abengoa y Acciona) quiere que la exención que ahora disfrutan en el impuesto de hidrocarburos se amplíe en otros diez años (hasta 2017).
Condiciones
Su solicitud de recibir más ayudas públicas sería apoyada por los agricultores, si bien vinculan ese respaldo a obtener algunas compensaciones: contratos plurianuales que incluyan una metodología sobre los precios a cobrar, prioridad para las empresas que se instalen cerca de los cultivos y, más importante, asegurar un porcentaje de producción nacional.
La idea sería que una parte de la materia prima nacional (cereales y remolacha para el bioetanol, y colza y otros aceites para el biodiésel) haya de ser utilizada por la industria española, pues de lo contrario perderían las ayudas fiscales públicas.
Las organizaciones profesionales del campo creen que ese 'mínimo' asegurado debería estar entre el 20% y el 30% del total producido. Algunas, como Asaja, quieren incluso que el precio que reciban los agricultores se vincule de alguna manera a la cotización del barril de petróleo, petición que por ahora no parecen dispuestas a considerar las empresas.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) también apoya esa reivindicación del campo, si bien en su caso se extiende a las suministradoras para que incorporen un porcentaje mínimo de ese tipo de carburantes en sus estaciones de servicio. Repsol y Cepsa parecen ser las más receptivas, mientras que BP (una de las pioneras en estos temas) estudia sustituir biocombustibles extranjeros por nacionales.
A la cabeza
Según las cifras de APPA, España, primer productor europeo de bioetanol, exporta la cuarta parte de su producción, nivel que llega al 60% en el caso del biodiésel, donde su potencial ha crecido mucho en los últimos cinco años.
Euskadi es un claro ejemplo del potencial productor de ese tipo de cumbustibles. El Puerto de Bilbao ya cuenta con una planta de biodiésel en proyecto que pertenece a Biocarburantes de Zierbena, participada por Bionor, Entaban y Caja Rural de Navarra. La pasada semana, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao aprobó la puesta en marcha de una segunda instalación de ese tipo, que será construida por la empresa Diesel Energy, constituida por Capital Energy y la Sepi. Acciona y Repsol tiene proyectado construir otra planta de diodiésel en Vizcaya. Mientras, en Álava, Bionor cuenta con instalaciones de ese tipo en Berantevilla. En lo que respecta al bioetanol, el grupo Abengoa y el EVE desarrollarán una planta productiva también en el Puerto de Bilbao.
Resulta paradójico, pero uno de los obstáculos al desarrollo de los cultivos energéticos viene de su primera impulsora, la propia Comisión Europea. El motivo es que se niega a elevar el techo de la superficie de cultivos con derecho a ayuda (ahora fijada en dos millones de hectáreas) y, sobre todo, a aumentar la subvención por hectárea. Cada agricultor recibe 45 euros por ese concepto, y varios países -entre ellos, España- pretenden que esa cantidad se duplique e incluso ronde el euro. Desde el Ministerio se filtró hace pocas semanas que habían logrado de Bruselas un incremento hasta 75 euros, pero al final todo quedó en 'papel mojado'.
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