La empresa nació en 1937 para hacerse cargo de las operaciones que hasta ese momento controlaba la Standard Oil of New Jersey, que había sido nacionalizada. Se fortaleció en 1969 cuando se encargó de las operaciones que tenía a su cargo la Bolivian Gulf, nacionalizada ese año. Esta vez, la estatal no tiene que ocuparse de las operaciones de las petroleras, porque éstas no fueron nacionalizadas; debe encontrar fórmulas de convivencia con ellas.
Las empresas se han convertido en prestadoras de servicios de YPFB en condiciones fijadas por el DS 28701 y con acuerdos bilaterales contenidos en los contratos que cada una de ellas suscribió con la estatal. Esos contratos les dan márgenes suficientes para la recuperación de sus inversiones, además de ciertos niveles de utilidad, que varían según los contratos.
Lo cierto es que ahora YPFB representa nuevamente a todos los bolivianos en las operaciones petroleras del país, en condiciones diferentes de las anteriores, debido a que en los últimos 70 años la industria cambió mucho en el mundo.
Si bien YPFB no está a cargo de todas las operaciones, sino que como propietaria cuenta con prestadoras de servicios en las diferentes etapas de la industria, su responsabilidad es muy grande.
Para comenzar, la nueva YPFB debe mostrar que los bolivianos no se equivocaron con el clamor que produjeron para pedir que vuelva a la actividad plena. Para ello deberá adoptar criterios estrictamente empresariales para todas sus decisiones. Nadie que desee realmente el fortalecimiento de YPFB debería intentar siquiera interferir en sus decisiones, como hicieron gobiernos anteriores hasta llevarla a una crisis terminal. La gestión deberá ser tan eficiente como grandes fueron los sacrificios de cientos de bolivianos que bregaron por la recuperación de la empresa.
Para ello será preciso que la empresa se dote de un esquema de operaciones del que nadie la pueda desviar. Que la contratación de personal responda exactamente a los requerimientos de una administración eficiente. Que el manejo de los recursos sea hecho de manera cristalina.
La empresa no cuenta todavía, por supuesto, con los recursos necesarios para comenzar operaciones directas. Con los costos actuales, cuando un solo pozo cuesta cerca de 50 millones de dólares, las operaciones de exploración y explotación probablemente deban esperar a que la empresa obtenga capital.
Pero antes de pensar en esas cosas, la empresa deberá tomar el timón de todas las áreas de administración que ha recibido de la nueva ley y del DS de nacionalización. Su mayor dificultad podría resultar ahora de las limitaciones que tiene para ofrecer salarios a los técnicos, como consecuencia de la disposición de austeridad en el Gobierno.
Muchos desafíos tiene por delante la renacida YPFB. Todo el país la está observando con esperanzas. Sería un crimen defraudar esa esperanza depositada en la estatal.
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