Las declaraciones desencontradas del Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, y del Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada fueron interpretadas por analistas y medios brasileños como un posible reflejo de una eventual fractura dentro de la Administración de Evo Morales.
Durante el fin de semana Alvarado declaró que las negociaciones entre ambos países estaban avanzadas y se realizaban en un tono amigable. Poco después el titular de la cartera de Hidrocarburos defendió una negociación dirigida por árbitros internacionales, una alternativa poco diplomática y mucho más desgastante.
Por su parte, las autoridades de Petrobrás indicaron que la empresa que no va a aceptar ningún aumento de gas fuera del estipulado en el Acuerdo de Provisión de Gas firmado entre los dos países.
El contrato establece revisiones trimestrales en el precio, basadas en las variaciones de los tres tipos de combustibles en el mercado internacional.
El último mes se anunció una ajuste del 11% en las tarifas.
El acuerdo que Brasilia y La Paz suscribieron determina que después de la notificación para subir los precios, las partes tienen 45 días para negociar. La parte que requiere las conversaciones puede gestionar un arbitraje internacional para cuestionar a la contraparte.
La demora de Bolivia para iniciar el proceso fue juzgada por un ejecutivo de la empresa brasileña como una forma del Gobierno de Morales de “jugar para la platea” mientras aguarda los resultados de la Asamblea Constituyente, que será electa el 2 de julio.
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