Una legisladora del partido del presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció ante la Justicia a la petrolera hispano-argentina Repsol YPF por haber recibido del Estado, de forma supuestamente irregular, 37 millones de dólares de un subsidio.
Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, con sede en la ciudad sureña de Sucre, por la congresista Milena Aracely Hinojosa, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Hinojosa acusa a Repsol Gas Bolivia, subsidiaria de la hispano-argentina, de haber recibido ilegalmente en 2002, 2003 y 2004 la subvención que se da a empresas que distribuyen gas licuado de petróleo (GLP), para que lo vendan más barato a los bolivianos.
La parlamentaria, que ya había anticipado la acusación a la opinión pública en marzo pasado, sostiene que la firma demandada obtuvo la licencia de operación para realizar esa actividad en 2002, cuando la ley otorgaba ese beneficio únicamente a las firmas que operaban antes de 1999.
La filial de Repsol YPF distribuyó este producto entre junio de 2002 y mayo de 2004, período en el cual recibió 37 millones de dólares (unos 29,6 millones de euros).
"Por eso tomo en cuenta 2002, 2003, hasta mayo de 2004, años en los que Repsol Gas Bolivia cobró irregularmente", anotó a la prensa Hinojosa, señala la agencia de noticias estatal.
La diputada del MAS indicó que "lo que se quiere lograr es recuperar los 37 millones de dólares y devolverlos al TGN (Tesoro General de la Nación), porque el Estado necesita de ese dinero para programas en salud y educación".
ABI agrega que en mayo de 2004 el entonces presidente Carlos Mesa emitió otro decreto por el cual concedió el derecho a recibir la subvención a todas las firmas distribuidoras sin excepción, lo cual eximiría de responsabilidad a Repsol YPF.
La denuncia fue presentada el mismo día en que Andina, otra de las filiales bolivianas de Repsol YPF, celebró su primera junta de directores con representantes del Estado nombrados tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada en mayo pasado por el presidente Morales.
Esta medida, que ha tensado las relaciones entre Bolivia y España, establece que las multinacionales que controlaban el sector petrolero desde la década pasada deben firmar nuevos contratos con el Estado en seis meses para ceder la dirección del negocio a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La denuncia de Hinojosa contra Repsol YPF es la segunda presentada contra la empresa en los últimos meses.
En marzo pasado, los dos principales ejecutivos de la firma en el país, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, fueron acusados de un supuesto contrabando de petróleo por un valor de 9,2 millones de dólares (7,36 millones de euros).
No comments:
Post a Comment