La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha notificado a Endesa que cuenta con diez días de plazo desde la aprobación de la opa de E.ON para emitir su parecer, por lo que el consejo de la eléctrica tiene previsto reunirse el próximo martes para anunciar su opinión sobre la oferta alemana, según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes cercanas al órgano de administración. El consejo se pronunciará, por tanto, antes de que las ofertas sean desbloqueadas por los tribunales.
El problema, el precio
Previsiblemente, la valoración pública del consejo será prudente, en línea con la publicada con la oferta inicial, planteada a 25,4 euros por acción, y en la que se valoraba positivamente el proyecto industrial y el carácter integral de la oferta, que no troceaba la compañía, pero se cuestionaba, por insuficiente, el precio.
Aunque la opa mejorada eleva notablemente el precio hasta 35 euros, el consejo se pronunciará, previsiblemente sobre el precio anterior, el que se refleja en el folleto. Ayer, la acción de Endesa cerró a 36 euros.
Por otra parte, tras la decisión de Endesa de pedir el levantamiento o modificación de las medidas cautelares que paralizan la opa de Gas Natural, todas las miradas de los inversores de Endesa se dirigen ahora, expectantes, hacia el Tribunal Supremo.
Los 35 miembros del pleno del alto tribunal decidieron el pasado mes de abril la paralización cautelar de la opa de la gasista catalana, aunque para ello utilizaron una argumentación que en estos momentos, muy diferentes, puede resultar incómoda para todas las partes.
El Supremo se adentró en el fondo de la cuestión y dictaminó que tal y como había señalado previamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, la integración de los dos líderes españoles en los mercados del gas y la electricidad podría provocar “daños irreversibles” para los consumidores, anteponiendo así los derechos de éstos a los de los accionistas de la eléctrica.
En medio de este panorama, Endesa presentó ayer sendos escritos ante el alto tribunal y ante un juzgado mercantil madrileño, a cargo de la jueza Miriam Iglesias, –que en marzo pasado había suspendido cautelarmente la opa por un presunto pacto colusorio entre Gas Natural e Iberdrola– solicitando la anulación de las medidas cautelares.
Pero la interpretación del pleno del Supremo puede suponer ahora un obstáculo inesperado para el pretendido desatasco de la situación jurídica. La razón estriba en que el bloqueo de la opa de Gas Natural produce, automáticamente, los mismos efectos en la oferta de la alemana E.ON, a pesar de haber recibido luz verde del Gobierno –con la retirada de la mayoría de las restricciones impuestas por la CNE– y de la propia CNMV.
Y está por ver que los 35 miembros del Supremo cambien ahora de opinión sobre lo que dijeron en abril, sobre todo cuando en juego está algo tan importante como la protección de los consumidores. En cualquier caso, y aún en la hipótesis de que los jueces accedan al levantamiento, la decisión del Supremo no se produciría antes de enero de 2007.
Si deciden rechazar la petición, habría que esperar mucho más, porque la resolución del fondo del recurso podría retrasarse hasta finales de 2007 o el verano de 2008. El levantamiento por parte de la juez Iglesias podría producirse mucho antes, pero, en cualquier caso se retrasaría, al menos, un mes.
Expansion
Previsiblemente, la valoración pública del consejo será prudente, en línea con la publicada con la oferta inicial, planteada a 25,4 euros por acción, y en la que se valoraba positivamente el proyecto industrial y el carácter integral de la oferta, que no troceaba la compañía, pero se cuestionaba, por insuficiente, el precio.
Aunque la opa mejorada eleva notablemente el precio hasta 35 euros, el consejo se pronunciará, previsiblemente sobre el precio anterior, el que se refleja en el folleto. Ayer, la acción de Endesa cerró a 36 euros.
Por otra parte, tras la decisión de Endesa de pedir el levantamiento o modificación de las medidas cautelares que paralizan la opa de Gas Natural, todas las miradas de los inversores de Endesa se dirigen ahora, expectantes, hacia el Tribunal Supremo.
Los 35 miembros del pleno del alto tribunal decidieron el pasado mes de abril la paralización cautelar de la opa de la gasista catalana, aunque para ello utilizaron una argumentación que en estos momentos, muy diferentes, puede resultar incómoda para todas las partes.
El Supremo se adentró en el fondo de la cuestión y dictaminó que tal y como había señalado previamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, la integración de los dos líderes españoles en los mercados del gas y la electricidad podría provocar “daños irreversibles” para los consumidores, anteponiendo así los derechos de éstos a los de los accionistas de la eléctrica.
En medio de este panorama, Endesa presentó ayer sendos escritos ante el alto tribunal y ante un juzgado mercantil madrileño, a cargo de la jueza Miriam Iglesias, –que en marzo pasado había suspendido cautelarmente la opa por un presunto pacto colusorio entre Gas Natural e Iberdrola– solicitando la anulación de las medidas cautelares.
Pero la interpretación del pleno del Supremo puede suponer ahora un obstáculo inesperado para el pretendido desatasco de la situación jurídica. La razón estriba en que el bloqueo de la opa de Gas Natural produce, automáticamente, los mismos efectos en la oferta de la alemana E.ON, a pesar de haber recibido luz verde del Gobierno –con la retirada de la mayoría de las restricciones impuestas por la CNE– y de la propia CNMV.
Y está por ver que los 35 miembros del Supremo cambien ahora de opinión sobre lo que dijeron en abril, sobre todo cuando en juego está algo tan importante como la protección de los consumidores. En cualquier caso, y aún en la hipótesis de que los jueces accedan al levantamiento, la decisión del Supremo no se produciría antes de enero de 2007.
Si deciden rechazar la petición, habría que esperar mucho más, porque la resolución del fondo del recurso podría retrasarse hasta finales de 2007 o el verano de 2008. El levantamiento por parte de la juez Iglesias podría producirse mucho antes, pero, en cualquier caso se retrasaría, al menos, un mes.
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