Solbes recordó que el Ejecutivo comunitario exigía la retirada de "todas las condiciones establecidas por la CNE". "Imagino que seguirán un poco en la misma tesis que en el pasado", ha añadido, dando a entender que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, pedirá también la retirada de las nuevas condiciones.
El Gobierno podría recurrir
"Nosotros creemos sin embargo que hemos aceptado aquellas demandas que la Comisión había planteado y que tenían un impacto claro en dificultar la operación transnacional", explicó el vicepresidente.
"Si hay una posición negativa de la Comisión en ese sentido, analizaremos cuál es la línea argumental. Si la línea argumental nos parece convincente seguiremos la línea argumental y si no la seguiremos discutiendo", ha recalcado.
Condiciones ilegales
El pasado 26 de septiembre, Bruselas declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE al considerar que invaden la competencia exclusiva del Ejecutivo comunitario a la hora de examinar las fusiones de dimensión comunitaria y vulneran el libre movimiento de capitales y la libertad de establecimiento. Por estas razones, exigió al Gobierno que las retirara de manera inmediata.
Tres semanas más tarde, el 18 de octubre, la Comisión expedientó a España por no haber hecho caso de su dictamen anterior y no haber actuado para suprimir las condiciones y le lanzó un ultimátum de sólo 5 días para rectificar.
El 3 de noviembre, y en respuesta a los recursos contra el dictamen de la CNE, el Gobierno decidió modificar las condiciones iniciales y eximir al grupo alemán de la venta de activos de Endesa para hacerse con su control, pero mantener el veto sobre la compañía durante diez años.
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha analizado "cuidadosamente" la decisión del ministerio de Industria y se pronunciará definitivamente sobre ella este miércoles. La única pista que ha dado Bruselas es que el hecho de que E.ON haya aceptado las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno no significa que la Comisión vaya a darles su visto bueno.
En paralelo, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, mantiene abierto un expediente sancionador contra España por el decreto que amplió las competencias de la CNE y le facultó para imponer condiciones a la opa de E.ON. Las autoridades españolas tienen hasta principios de diciembre para modificar el decreto. En caso contrario, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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