La Comisión Europea propinó ayer un nuevo revolcón al Gobierno español, y ya van unos cuantos, a cuenta de la guerra desatada en torno a Endesa y la decisión del Ejecutivo hispano de impedir, a estas alturas tampoco se sabe muy bien por qué, que la alemana E.ON se haga con el control. Bruselas se ha posicionado en contra de las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Industria a la alemana, y ello cuando esas novísimas condiciones, tras el severo varapalo del 26 de septiembre, suponían una modificación sustancial a las inicialmente exigidas por la CNE a instancias del Ejecutivo.
La Comisión considera que las nuevas medidas siguen violando el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento, además del libre movimiento de mercancías, pecados estos que Bruselas ya identificó claramente en las condiciones originalmente impuestas por la CNE y que el Gobierno español, en opinión de Bruselas, “no ha modificado o solo lo ha hecho ligeramente”.
Las autoridades españolas tienen de plazo hasta el 13 de diciembre para responder a este dictamen, de modo que el Ministerio de Industria contestará antes de Navidad; en enero, más o menos, remitirá a Bruselas una tercera tanda de condiciones, con modificación sobre lo ya modificado; Bruselas volverá a reiterar en febrero o marzo que no le parecen suficientes y en este juego seguiremos per seculam seculorum hasta el agotamiento o hasta que los alemanes del señor Bernotat se harten, si es que antes los señores de Acciona no han dado por fin con ese caballero blanco, en singular o en plural, que andan buscando con desespero, porque en ese momento se acabó la fiesta para E.ON.
Hace tiempo que la batalla por el control de Endesa se ha convertido en una prueba de resistencia, una especie de carrera de obstáculos, con la acción en unos niveles imposibles que ayer rondaban los 35,5 euros. A los alemanes les interesa que el valor no decaiga, para de este modo dificultar la eventual entrada en liza de aliados dispuestos a echar una mano a los Entrecanales. Y, por lo mismo, a Acciona le interesaría que la acción bajara, aunque, por otro lado, le perjudicaría, en tanto en cuanto el listón de los 35 euros es un precioso colchón sobre el que hacer ejercicios en el alambre con paracaídas de oro.
El episodio pone de nuevo en evidencia la incongruencia, cuando no la inoperancia, de ese macroproyecto en vía muerta, si no en vías de extinción, que es la Unión Europea como marco operativo de un mercado abierto con normas y reglas que los respectivos Gobiernos deberían ser los primeros en respetar, en lugar de ser los primeros en ignorar y, lo que es peor, en transgredir. Y a nivel español, ¿qué quieren que les diga? La inveterada costumbre de todos los Gobiernos que en la Historia de nuestra democracia han sido de inmiscuirse en los asuntos del sector privado de la economía, está alcanzando con Zapatero cotas nunca vistas, no se sabe bien por planificación expresa o por ignorancia supina de las normas que deben regir una economía de mercado.
La iniciativa de Sánchez Galán con Scottish Power, escapando al cerco que unos y otros parecían haberle tendido sobre la piel de toro, ha demostrado, por otro lado, lo fácil que resulta burlar los diseños que desde las capillas gubernamentales realizan economistas de salón –antes Solchaga; ahora Sebastián- con escasa o nula experiencia en el ruedo empresarial. Basta con algo de perspicacia, determinación suficiente y dinero bastante para hacerle un corte de mangas a los burócratas de la política.
Paradigmático, por lo demás, que Iberdrola haya ido de compras al único supermercado europeo donde se admite la entrada de extranjeros: el Reino Unido. Y, por cierto, no parece que a los consumidores británicos les vaya peor que a los franceses, por ejemplo. Una realidad para avergonzar al resto de los Estados que, sumidos en el proteccionismo más rabioso, siguen formando parte de una ficción llamada Unión Europea.
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