La Comisión Europea ha indicado que España ha vuelto a infringir la normativa europea al imponer nuevas condiciones a la opa de la alemana E.ON sobre Endesa.
A pesar de que los requisitos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) modificados por el ministerio de Industria fueron aceptados por el grupo germano, la Comisión considera, en una valoración preliminar, que estas condiciones son ilegales.
"La Comisión Europea ha informado a las autoridades españolas sobre sus conclusiones respecto a la violación española del artículo 21"-de la normativa sobre fusiones-, ha explicado el ejecutivo europeo a través de un comunicado.
Ahora, el Gobierno español tiene de plazo hasta el 13 de diciembre para exponer a Bruselas sus argumentos.
Dictamen
La Comisión ha enviado al Ejecutivo un dictamen motivado en lugar de dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones iniciales que la CNE impuso a la opa de E.ON.
Condiciones
Los requisitos revisados por el Ministerio de Industria no incluyen condiciones sobre la venta de activos, por lo que E.ON las calificó como "aceptables".
En cambio Bruselas considera que las nuevas exigencias violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento, así como el de libre movimiento de mercancías.
Expansion
"La Comisión Europea ha informado a las autoridades españolas sobre sus conclusiones respecto a la violación española del artículo 21"-de la normativa sobre fusiones-, ha explicado el ejecutivo europeo a través de un comunicado.
Ahora, el Gobierno español tiene de plazo hasta el 13 de diciembre para exponer a Bruselas sus argumentos.
Dictamen
La Comisión ha enviado al Ejecutivo un dictamen motivado en lugar de dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto a España por las condiciones iniciales que la CNE impuso a la opa de E.ON.
Condiciones
Los requisitos revisados por el Ministerio de Industria no incluyen condiciones sobre la venta de activos, por lo que E.ON las calificó como "aceptables".
En cambio Bruselas considera que las nuevas exigencias violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento, así como el de libre movimiento de mercancías.
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