Acompañando la reactivación de la energía nucleoeléctrica, debe reanudarse la minería del uranio en el país y devolverle el carácter de mineral estratégico, reservando su manejo para el Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Introducción
Desde mediados de la década del 50, la energía nuclear se ha ido constituyendo en una fuente primaria ineludible para la producción de electricidad. Hoy día centenares de miles de megawatts de potencia instalada en más de 400 centrales nucleoeléctricas, en decenas de países, generan cerca del 20% de la electricidad consumida en el mundo. En algunos países de Europa esa contribución supera el 70%. En la naturaleza, el uranio se encuentra en rocas en concentraciones variadas de hasta unos pocos kilogramos por tonelada de mineral. El consumo actual de uranio es del orden de más de 60.000 tn. anuales. Existen yacimientos en diversas zonas del mundo. Canadá, Australia, Kazakhstan, Niger, Rusia son los principales países productores.
Breve historia del uranio en Argentina
En Argentina la exploración geológica en búsqueda de uranio comenzó a fines de la década del 40 y se sistematizó a partir de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950. Durante la década de 1960 y de los ´70, se exploraron y evaluaron diversas zonas uraníferas y se explotaron diversos yacimientos. También se encaró la construcción de las plantas de concentración del mineral, de purificación de uranio y su conversión en óxido, y de la fábrica de las pastillas de este compuesto que constituyen el combustible de las centrales nucleares. En 1982, con la puesta en marcha por la CNEA de la planta de concentración en Córdoba y la fábrica de elementos combustibles en Ezeiza, culminó el proceso de autoabastecimiento del combustible nuclear en nuestro país.
La generación de nucleoelectricidad había comenzado en Argentina en 1974, con la entrada en operación de la central Atucha I (CNA I), a la que siguió la Central Nuclear Embalse (CNE) en 1984. A partir de 1982 hasta 1995 las plantas fueron alimentadas con combustibles fabricados a partir del mineral extraído y concentrado casi totalmente del yacimiento de Sierra Pintada en San Rafael, Mendoza.
En 1995, ya en vigencia la ley de convertibilidad, el costo del concentrado llegó a ser aproximadamente el triple del precio de U$S 10 /libra de óxido U3O8. CNEA decide entonces cerrar el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). La lucha de su personal, apoyado por la Asociación de Profesionales de CNEA (APCNEAN), logra evitar el cierre pero no la suspensión de la actividad minera; la planta de concentración siguió activa, decreciendo su producción hasta su total inactividad en 1999, pero desde entonces todo el concentrado necesario para la generación nuclear se importó, 1200 toneladas entre 1996 y 2005.
En los últimos años, acompañando la notable escalada del precio de los metales en el mercado mundial, el precio del uranio ha subido persistentemente (ver cuadro 1); actualmente se cotiza a más de U$S 47/lb U3O8 FOB. Si bien no hay estudios recientes y detallados de costos de extracción y concentración se estima que, si se produjera el concentrado con mineral extraído en el país, se reduciría a aproximadamente a un tercio del actual.
CNEA siguió desarrollando estudios sobre diversas zonas donde existen indicios de presencia del mineral. Entre 1990 y 1997 se completó un estudio de prefactibilidad de un yacimiento, Cerro Solo, ubicado en la zona central de Chubut. En 1999 se licitó la realización de un estudio definitivo de factibilidad de la explotación de Cerro Solo, pero el concurso fue finalmente declarado desierto.
A lo largo de la década de los ´90 también fue decreciendo la actividad en los estudios de otros macizos, debido no solo a la baja disponibilidad de fondos para reposición de equipos y ejecución de campañas de exploración, sino también a la falta de incorporación de nuevos técnicos y profesionales. A ello se ha sumado el abandono de algunas de esas áreas ya exploradas por CNEA, con el argumento de que no eran económicamente interesantes, aunque ya el precio del uranio aumentaba persistentemente, (cuadro 1). Ese “abandono” conlleva la manifestación ante la autoridad minera provincial pertinente, de que no se efectuarán más trabajos y que la zona en cuestión queda liberada y puede ser reservada y explorada por otros.
¿Nueva etapa?
Poco tiempo después de la asunción del gobierno actual, la Secretaría de Energía -de la cual dependen CNEA y Nucleoeléctrica Argentina- anunció la decisión de terminar la obra de la central nuclear CNA II, que agregaría unos 730 Mwe al Sistema Interconectado Nacional. y llevaría el parque nuclear a 1740 Mwe. Recientemente también se difundió que se retomarán los estudios para encarar el proyecto de una cuarta central nuclear.
La provisión de uranio para la fabricación de elementos combustibles está asegurada en la actualidad por la importación del concentrado. Nucleoeléctrica Argentina ha comprado ya en 2005, 400 tn para cubrir las necesidades para CNA I y CNEmbalse hasta el año 2008, y 100 tn. que requerirá (en 2009?) la primera carga de combustibles para CNA II. De allí en adelante se debería contar con el uranio extraído en el país. La prospección y explotación ya realizadas y la estimación de reservas no permiten decir que Argentina es un país “uranífero”, pero sí que posee uranio en cantidades apreciables como para abastecer un plan nucleoeléctrico razonable, por lo menos en el mediano plazo. En el cuadro 2 se resume la comparación entre recursos y consumos probables de las centrales.
Complejo minero fabril San Rafael
La Secretaría de Energía ha manifestado públicamente este año la decisión de reanudar la explotación del yacimiento en Sierra Pintada, aunque a partir ya del año 2002 se había comenzado a preparar la solicitud de autorización para la reapertura. Cada vez la ecuación económica es más favorable a la producción nacional de concentrado, y se ha hecho ineludible reconsiderar la metodología y las técnicas de explotación del yacimiento, con vistas a aprovechar al máximo las reservas de menor tenor de mineral, que hoy son económicamente útiles.
No bien comenzadas las tratativas para la reapertura, se originó en San Rafael un movimiento de oposición impulsado por parte del empresariado industrial, agrícola y de turismo de la zona, que contó con el apoyo de emisoras de radio y televisión y prensa escrita, y que buscó adeptos entre la población de San Rafael y localidades vecinas.
CNEA, la Autoridad Regulatoria y también personal del Complejo y la Asociación de Profesionales, promovieron la discusión sobre las ventajas de la reanudación de la actividad minera, participando en foros públicos y editando y distribuyendo folletos ilustrativos. Los sectores de la población más cercanos al CMFSR y quienes trabajaron en él o conocieron su actividad, durante los años en que se desarrolló sin inconvenientes la explotación, se encuentran entre quienes más apoyan la reactivación.
La oposición de algunos actores a la reapertura tiene sus raíces en actividades comerciales interesadas en el uso del predio del CMFSR y en el temor a un hipotético efecto de retracción del turismo. También influyen permanentemente las actitudes cambiantes de sectores políticos con influencia en los gobiernos provincial, departamental y municipal, atentos a las exteriorizaciones del ánimo de la población.
La resistencia a autorizar la reactivación se ha centrado en la aprobación de un informe del impacto ambiental que ocasionaría la explotación; elaborado ya hace casi dos años por especialistas argentinos con la colaboración de universidades extranjeras, aun no ha sido evaluado oficialmente por las autoridades. También se reclama el tratamiento de los restos de la actividad minera pasada, proceso que a su vez requiere la autorización de las autoridades provinciales. Esperando una pronta resolución, CNEA ya habría elaborado un cronograma de obras en el que se prevé iniciar la preparación de las instalaciones para mediados del 2007. La extracción de mineral comenzaría en 2008 para alcanzar la plena producción al año siguiente.
La minería en Argentina
Es una tendencia generalizada en el mundo que la población reaccione activamente en defensa del entorno en que vive. La industria minera se caracteriza por tener un fuerte impacto en el hábitat, tanto por la invasión de áreas y el consecuente desplazamiento de población y de otras actividades económicas, como por la posible depredación del paisaje, de fuentes de agua y la contaminación, producto de prácticas indebidas. Las empresas -en la búsqueda de minimizar costos- adoptan estas prácticas que no son reprimidas por las autoridades, y muchas veces ni siquiera detectadas debido a la falta de controles
En Argentina se ha desarrollado en los últimos años un verdadero “boom” minero, tras la captura de fuentes de recursos naturales, y por la coyuntura favorable generada por la legislación nacional implantada entre mayo de 1993 y noviembre de 1995, cuando se sancionaron diversas leyes que, en general, establecen condiciones llamativamente generosas para las empresas mineras. Así la producción minera creció en nuestro país de U$S467 millones en el año 1994 a U$S1520 en el año 2004. Pero no sólo hay actividad productiva, también se desarrollan prácticas especulativas, con permisos de exploración y reserva de derechos mineros, práctica que es “normal” en el mundo globalizado cuando una actividad lucrativa está en auge.
Muchas explotaciones mineras son cuestionadas en nuestro país, aunque ello no sea todavía ampliamente conocido, porque no encuentra generalmente eco en los medios de difusión masivos. Asimismo no todos los gobiernos provinciales atienden dichos reclamos, incentivados por la creación de empleo y el “derrame” de beneficios -ambos bastante escasos por cierto- que generan los emprendimientos. La oposición popular, liderada por grupos ecologistas, ha logrado imponer prohibiciones -en algunos casos indiscriminadas- a la actividad minera. Esta oposición generalizada repercute directamente en la situación de los yacimientos de uranio y ha potenciado la resistencia local de San Rafael.
En Chubut, se sancionó una ley prohibiendo la explotación de minerales a cielo abierto (alrededor del 30% de las explotaciones de uranio en el mundo son de este tipo). En el año 2003 los intentos de CNEA de volver a licitar la confección de un plan de factibilidad definitivo para el yacimiento de Cerro Solo, se encontraron con ese escollo -entre otras dificultades- y no se han reactivado desde entonces.
El avance sobre el uranio
El uranio no ha escapado a la fiebre de emprendimientos mineros. Desde hace algunos años, diversas empresas han solicitado y obtenido permisos de exploración (cateos). Esta intervención de empresas privadas es posible a partir de la reforma del Código de Minería sancionada en 1995. Anteriormente el uranio era considerado mineral estratégico y sólo el Estado, por intermedio de CNEA, podía explotarlo y comercializarlo. Ya en 1945 el decreto 22855 había establecido la prohibición de su exportación. Ahora el Código establece que CNEA tiene prioridad para adquirir “... en las condiciones de precio y modalidades habituales en el mercado los minerales nucleares, los concentrados y sus derivados, producidos en el país, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional” . Además “... la CNEA prestará asesoramiento técnico, minero y de prevención de riesgos a los estados provinciales...” estableciendo que al efecto éstos firmarán convenios con CNEA.
En este marco se ha desarrollado una avalancha de pedidos de cateos por parte de empresas extranjeras, en particular en zonas próximas a los yacimientos de propiedad de CNEA, Esto no sólo sucede en Mendoza (Sierra Pintada) y Chubut (Cerro Solo), sino también en Córdoba, Catamarca y otras provincias. En algunos casos las zonas reservadas por las empresas coinciden llamativamente con las que CNEA estudiara por años y abandonara no hace mucho tiempo atrás por estimar que no revestían interés económico. Algunas empresas ya han anunciado que se disponen a convertirse en grandes actores en el campo de la explotación del uranio en nuestro país y se ha oído a funcionarios argentinos ofrecer públicamente impulsar ese avance. Sin embargo, podría atribuirse el impulso publicitario a maniobras con la valorización de activos de las compañías o a inversiones especulativas con la reventa de permisos.
Operadores de las empresas han recurrido a los organismos del sector minero de las provincias y a las autoridades y los geólogos de CNEA, en búsqueda de información y apoyo profesional. De acordarse esta colaboración, posiblemente con la intermediación de empresas provinciales, se estaría facilitando esos avances en detrimento de la actividad propia de CNEA y del sostén de sus derechos sobre áreas ya exploradas.
Los años ´90 deben quedar atrás
Las centrales nucleares no fueron privatizadas en el proceso de desregulación del sector eléctrico. Tampoco pudieron avanzar los proyectos de privatizar otras actividades de CNEA en el sector de las aplicaciones industriales y médicas de los radioisótopos y las radiaciones nucleares. Pero el retroceso del rol y la pérdida de herramientas para promover el crecimiento del país y el bienestar del pueblo que ha sufrido el Estado, también ha alcanzado a CNEA y a la actividad nuclear en general. Creemos que ese proceso debe revertirse definitivamente.
Desde el MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) venimos bregando hace años por la reconquista de los recursos energéticos que han sido enajenados y la recuperación de la renta que generan su explotación y comercialización, para el pueblo argentino.
En este marco creemos imprescindible defender y acrecentar la actividad de CNEA en la exploración y explotación de los minerales nucleares, y reclamar la modificación del Código de Minería para que el uranio vuelva a ser considerado un mineral estratégico.
ARGENPRESS
Introducción
Desde mediados de la década del 50, la energía nuclear se ha ido constituyendo en una fuente primaria ineludible para la producción de electricidad. Hoy día centenares de miles de megawatts de potencia instalada en más de 400 centrales nucleoeléctricas, en decenas de países, generan cerca del 20% de la electricidad consumida en el mundo. En algunos países de Europa esa contribución supera el 70%. En la naturaleza, el uranio se encuentra en rocas en concentraciones variadas de hasta unos pocos kilogramos por tonelada de mineral. El consumo actual de uranio es del orden de más de 60.000 tn. anuales. Existen yacimientos en diversas zonas del mundo. Canadá, Australia, Kazakhstan, Niger, Rusia son los principales países productores.
Breve historia del uranio en Argentina
En Argentina la exploración geológica en búsqueda de uranio comenzó a fines de la década del 40 y se sistematizó a partir de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950. Durante la década de 1960 y de los ´70, se exploraron y evaluaron diversas zonas uraníferas y se explotaron diversos yacimientos. También se encaró la construcción de las plantas de concentración del mineral, de purificación de uranio y su conversión en óxido, y de la fábrica de las pastillas de este compuesto que constituyen el combustible de las centrales nucleares. En 1982, con la puesta en marcha por la CNEA de la planta de concentración en Córdoba y la fábrica de elementos combustibles en Ezeiza, culminó el proceso de autoabastecimiento del combustible nuclear en nuestro país.
La generación de nucleoelectricidad había comenzado en Argentina en 1974, con la entrada en operación de la central Atucha I (CNA I), a la que siguió la Central Nuclear Embalse (CNE) en 1984. A partir de 1982 hasta 1995 las plantas fueron alimentadas con combustibles fabricados a partir del mineral extraído y concentrado casi totalmente del yacimiento de Sierra Pintada en San Rafael, Mendoza.
En 1995, ya en vigencia la ley de convertibilidad, el costo del concentrado llegó a ser aproximadamente el triple del precio de U$S 10 /libra de óxido U3O8. CNEA decide entonces cerrar el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). La lucha de su personal, apoyado por la Asociación de Profesionales de CNEA (APCNEAN), logra evitar el cierre pero no la suspensión de la actividad minera; la planta de concentración siguió activa, decreciendo su producción hasta su total inactividad en 1999, pero desde entonces todo el concentrado necesario para la generación nuclear se importó, 1200 toneladas entre 1996 y 2005.
En los últimos años, acompañando la notable escalada del precio de los metales en el mercado mundial, el precio del uranio ha subido persistentemente (ver cuadro 1); actualmente se cotiza a más de U$S 47/lb U3O8 FOB. Si bien no hay estudios recientes y detallados de costos de extracción y concentración se estima que, si se produjera el concentrado con mineral extraído en el país, se reduciría a aproximadamente a un tercio del actual.
CNEA siguió desarrollando estudios sobre diversas zonas donde existen indicios de presencia del mineral. Entre 1990 y 1997 se completó un estudio de prefactibilidad de un yacimiento, Cerro Solo, ubicado en la zona central de Chubut. En 1999 se licitó la realización de un estudio definitivo de factibilidad de la explotación de Cerro Solo, pero el concurso fue finalmente declarado desierto.
A lo largo de la década de los ´90 también fue decreciendo la actividad en los estudios de otros macizos, debido no solo a la baja disponibilidad de fondos para reposición de equipos y ejecución de campañas de exploración, sino también a la falta de incorporación de nuevos técnicos y profesionales. A ello se ha sumado el abandono de algunas de esas áreas ya exploradas por CNEA, con el argumento de que no eran económicamente interesantes, aunque ya el precio del uranio aumentaba persistentemente, (cuadro 1). Ese “abandono” conlleva la manifestación ante la autoridad minera provincial pertinente, de que no se efectuarán más trabajos y que la zona en cuestión queda liberada y puede ser reservada y explorada por otros.
¿Nueva etapa?
Poco tiempo después de la asunción del gobierno actual, la Secretaría de Energía -de la cual dependen CNEA y Nucleoeléctrica Argentina- anunció la decisión de terminar la obra de la central nuclear CNA II, que agregaría unos 730 Mwe al Sistema Interconectado Nacional. y llevaría el parque nuclear a 1740 Mwe. Recientemente también se difundió que se retomarán los estudios para encarar el proyecto de una cuarta central nuclear.
La provisión de uranio para la fabricación de elementos combustibles está asegurada en la actualidad por la importación del concentrado. Nucleoeléctrica Argentina ha comprado ya en 2005, 400 tn para cubrir las necesidades para CNA I y CNEmbalse hasta el año 2008, y 100 tn. que requerirá (en 2009?) la primera carga de combustibles para CNA II. De allí en adelante se debería contar con el uranio extraído en el país. La prospección y explotación ya realizadas y la estimación de reservas no permiten decir que Argentina es un país “uranífero”, pero sí que posee uranio en cantidades apreciables como para abastecer un plan nucleoeléctrico razonable, por lo menos en el mediano plazo. En el cuadro 2 se resume la comparación entre recursos y consumos probables de las centrales.
Complejo minero fabril San Rafael
La Secretaría de Energía ha manifestado públicamente este año la decisión de reanudar la explotación del yacimiento en Sierra Pintada, aunque a partir ya del año 2002 se había comenzado a preparar la solicitud de autorización para la reapertura. Cada vez la ecuación económica es más favorable a la producción nacional de concentrado, y se ha hecho ineludible reconsiderar la metodología y las técnicas de explotación del yacimiento, con vistas a aprovechar al máximo las reservas de menor tenor de mineral, que hoy son económicamente útiles.
No bien comenzadas las tratativas para la reapertura, se originó en San Rafael un movimiento de oposición impulsado por parte del empresariado industrial, agrícola y de turismo de la zona, que contó con el apoyo de emisoras de radio y televisión y prensa escrita, y que buscó adeptos entre la población de San Rafael y localidades vecinas.
CNEA, la Autoridad Regulatoria y también personal del Complejo y la Asociación de Profesionales, promovieron la discusión sobre las ventajas de la reanudación de la actividad minera, participando en foros públicos y editando y distribuyendo folletos ilustrativos. Los sectores de la población más cercanos al CMFSR y quienes trabajaron en él o conocieron su actividad, durante los años en que se desarrolló sin inconvenientes la explotación, se encuentran entre quienes más apoyan la reactivación.
La oposición de algunos actores a la reapertura tiene sus raíces en actividades comerciales interesadas en el uso del predio del CMFSR y en el temor a un hipotético efecto de retracción del turismo. También influyen permanentemente las actitudes cambiantes de sectores políticos con influencia en los gobiernos provincial, departamental y municipal, atentos a las exteriorizaciones del ánimo de la población.
La resistencia a autorizar la reactivación se ha centrado en la aprobación de un informe del impacto ambiental que ocasionaría la explotación; elaborado ya hace casi dos años por especialistas argentinos con la colaboración de universidades extranjeras, aun no ha sido evaluado oficialmente por las autoridades. También se reclama el tratamiento de los restos de la actividad minera pasada, proceso que a su vez requiere la autorización de las autoridades provinciales. Esperando una pronta resolución, CNEA ya habría elaborado un cronograma de obras en el que se prevé iniciar la preparación de las instalaciones para mediados del 2007. La extracción de mineral comenzaría en 2008 para alcanzar la plena producción al año siguiente.
La minería en Argentina
Es una tendencia generalizada en el mundo que la población reaccione activamente en defensa del entorno en que vive. La industria minera se caracteriza por tener un fuerte impacto en el hábitat, tanto por la invasión de áreas y el consecuente desplazamiento de población y de otras actividades económicas, como por la posible depredación del paisaje, de fuentes de agua y la contaminación, producto de prácticas indebidas. Las empresas -en la búsqueda de minimizar costos- adoptan estas prácticas que no son reprimidas por las autoridades, y muchas veces ni siquiera detectadas debido a la falta de controles
En Argentina se ha desarrollado en los últimos años un verdadero “boom” minero, tras la captura de fuentes de recursos naturales, y por la coyuntura favorable generada por la legislación nacional implantada entre mayo de 1993 y noviembre de 1995, cuando se sancionaron diversas leyes que, en general, establecen condiciones llamativamente generosas para las empresas mineras. Así la producción minera creció en nuestro país de U$S467 millones en el año 1994 a U$S1520 en el año 2004. Pero no sólo hay actividad productiva, también se desarrollan prácticas especulativas, con permisos de exploración y reserva de derechos mineros, práctica que es “normal” en el mundo globalizado cuando una actividad lucrativa está en auge.
Muchas explotaciones mineras son cuestionadas en nuestro país, aunque ello no sea todavía ampliamente conocido, porque no encuentra generalmente eco en los medios de difusión masivos. Asimismo no todos los gobiernos provinciales atienden dichos reclamos, incentivados por la creación de empleo y el “derrame” de beneficios -ambos bastante escasos por cierto- que generan los emprendimientos. La oposición popular, liderada por grupos ecologistas, ha logrado imponer prohibiciones -en algunos casos indiscriminadas- a la actividad minera. Esta oposición generalizada repercute directamente en la situación de los yacimientos de uranio y ha potenciado la resistencia local de San Rafael.
En Chubut, se sancionó una ley prohibiendo la explotación de minerales a cielo abierto (alrededor del 30% de las explotaciones de uranio en el mundo son de este tipo). En el año 2003 los intentos de CNEA de volver a licitar la confección de un plan de factibilidad definitivo para el yacimiento de Cerro Solo, se encontraron con ese escollo -entre otras dificultades- y no se han reactivado desde entonces.
El avance sobre el uranio
El uranio no ha escapado a la fiebre de emprendimientos mineros. Desde hace algunos años, diversas empresas han solicitado y obtenido permisos de exploración (cateos). Esta intervención de empresas privadas es posible a partir de la reforma del Código de Minería sancionada en 1995. Anteriormente el uranio era considerado mineral estratégico y sólo el Estado, por intermedio de CNEA, podía explotarlo y comercializarlo. Ya en 1945 el decreto 22855 había establecido la prohibición de su exportación. Ahora el Código establece que CNEA tiene prioridad para adquirir “... en las condiciones de precio y modalidades habituales en el mercado los minerales nucleares, los concentrados y sus derivados, producidos en el país, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional” . Además “... la CNEA prestará asesoramiento técnico, minero y de prevención de riesgos a los estados provinciales...” estableciendo que al efecto éstos firmarán convenios con CNEA.
En este marco se ha desarrollado una avalancha de pedidos de cateos por parte de empresas extranjeras, en particular en zonas próximas a los yacimientos de propiedad de CNEA, Esto no sólo sucede en Mendoza (Sierra Pintada) y Chubut (Cerro Solo), sino también en Córdoba, Catamarca y otras provincias. En algunos casos las zonas reservadas por las empresas coinciden llamativamente con las que CNEA estudiara por años y abandonara no hace mucho tiempo atrás por estimar que no revestían interés económico. Algunas empresas ya han anunciado que se disponen a convertirse en grandes actores en el campo de la explotación del uranio en nuestro país y se ha oído a funcionarios argentinos ofrecer públicamente impulsar ese avance. Sin embargo, podría atribuirse el impulso publicitario a maniobras con la valorización de activos de las compañías o a inversiones especulativas con la reventa de permisos.
Operadores de las empresas han recurrido a los organismos del sector minero de las provincias y a las autoridades y los geólogos de CNEA, en búsqueda de información y apoyo profesional. De acordarse esta colaboración, posiblemente con la intermediación de empresas provinciales, se estaría facilitando esos avances en detrimento de la actividad propia de CNEA y del sostén de sus derechos sobre áreas ya exploradas.
Los años ´90 deben quedar atrás
Las centrales nucleares no fueron privatizadas en el proceso de desregulación del sector eléctrico. Tampoco pudieron avanzar los proyectos de privatizar otras actividades de CNEA en el sector de las aplicaciones industriales y médicas de los radioisótopos y las radiaciones nucleares. Pero el retroceso del rol y la pérdida de herramientas para promover el crecimiento del país y el bienestar del pueblo que ha sufrido el Estado, también ha alcanzado a CNEA y a la actividad nuclear en general. Creemos que ese proceso debe revertirse definitivamente.
Desde el MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) venimos bregando hace años por la reconquista de los recursos energéticos que han sido enajenados y la recuperación de la renta que generan su explotación y comercialización, para el pueblo argentino.
En este marco creemos imprescindible defender y acrecentar la actividad de CNEA en la exploración y explotación de los minerales nucleares, y reclamar la modificación del Código de Minería para que el uranio vuelva a ser considerado un mineral estratégico.
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