El nuevo reglamento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)se ha convertido en un «trágala» impuesto por la fuerza y en contra del criterio de los máximos responsables del organismo regulador. Maite Costa se quedó ayer sola en la refriega frente al resto de los ocho consejeros que manifestaron su total oposición a lo que en algunos casos se considera un «golpe de mano» de la presidenta para reforzar sus poderes sobre el consejo, máximo órgano colegiado de decisión en la CNE.
La entidad reguladora del mercado energético tenía convocada ayer una reunión de carácter ordinario para repasar el estado de situación de las grandes operaciones corporativas que protagonizan la actualidad del sector. Sin embargo, los consejeros aprovecharon el encuentro para poner en entredicho el real decreto publicado ayer en el BOE por el que se desarrolla el reglamento futuro de la CNE. Los comisionados no se mordieron la lengua para denunciar, en primer lugar, el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno que consideran de «oscurantista». En realidad, ninguno de ellos, con la excepción de la presidenta, conocía la existencia de esta normativa que puede modificar todo el esquema de relaciones dentro del organismo.
De los ocho consejeros -Maite Costa aparte- que forman el órgano de gobierno de la CNE, seis de ellos cerraron filas para impugnar el reglamento que, en su opinión, puede quebrantar el margen de independencia con que cada uno de ellos trabaja. Los conflictos de interés sobre los grandes procesos de concentración han estado al cabo de la calle durante el último año, pero ello no es sino la prueba que demuestra la libertad de actuación frente al Gobierno de turno.
Los consejeros disidentes incluyen no sólo a los vocales nombrados durante la etapa del Partido Popular. También dos de los representantes designados hace poco más de un año por el ex ministro de Industria, José Montilla, como son Jorge Fabra y Luis Albentosa, se mostraron totalmente contrarios, de entrada, al nuevo reglamento.
La discusión llegó a su punto álgido cuando este grupo mayoritario de vocales propuso a Maite Costa la solución de requerir un dictamen jurídico independiente y externo para comprobar el alcance efectivo del Real Decreto y su aplicación con arreglo a la legislación vigente. Los consejeros contrarios al reglamento entienden, además, que un decreto «no puede tumbar» una disposición con carácter de ley como es la que ahora regula el funcionamiento de la CNE.
Sin embargo, Maite Costa rechazó de plano la «sugerencia» y anunció que el reglamento de la discordia sería sometido a informe interno de la propia asesoría jurídica de la Comisión. El planteamiento de la presidenta no es de recibo para los consejeros disidentes, quienes ya han comprobado cómo se las gasta la nueva «dama de hierro» de la CNE. La batalla, en realidad, no ha hecho más que empezar y se produce en un momento crítico para el organismo regulador, cuya decisión es vital en la reordenación de todo el mapa eléctrico.
source: La Razon
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