Tras una semana de contacto con los cinco grandes protagonistas del culebrón de las OPAs sobre Endesa, ésta es la conclusión: nadie sabe cómo va a terminar. La maraña jurídica es todavía mayor que la de los intereses empresariales a la hora de vislumbrar una salida. Los tribunales europeos, el Supremo y hasta el Constitucional tienen mucho que decir antes de que la OPA eche a andar y los accionistas puedan tomar una decisión. Todas las posibilidades están abiertas: desde la toma de control mayoritario por parte de E.on, con una fuerte participación de empresas españolas, que podrían tener representación incluso en el consejo de administración del grupo alemán, hasta la aparición de un nuevo protagonista. En cualquier caso, será decisiva la postura que tome Caja Madrid, que tiene el 10% del capital de la eléctrica y que, hoy por hoy, parece decantarse por una solución germano-española, con control de E.on.
El gigante alemán está nervioso. Y tiene razones para ello. Quiere acelerar cuanto antes el proceso porque teme que se estén haciendo compras en el mercado que le impidan controlar más de un 50% de Endesa. E.on está cogido de pies y manos porque la legislación le impide adquirir acciones de la compañía 'opada'. El tiempo corre en su contra y, tal vez por ello, el Gobierno español hace por el momento oídos sordos a los requerimientos de la Comisión Europea para que anule las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía a la OPA, que Bruselas ha declarado ilegales.
El gigante alemán está nervioso. Y tiene razones para ello. Quiere acelerar cuanto antes el proceso porque teme que se estén haciendo compras en el mercado que le impidan controlar más de un 50% de Endesa. E.on está cogido de pies y manos porque la legislación le impide adquirir acciones de la compañía 'opada'. El tiempo corre en su contra y, tal vez por ello, el Gobierno español hace por el momento oídos sordos a los requerimientos de la Comisión Europea para que anule las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía a la OPA, que Bruselas ha declarado ilegales.
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