La firma del contrato de venta de gas e industrialización a la Argentina, por 27.7 millones de pies cúbicos, a partir del año 2010, se ha mostrado como un éxito de negociación y un ejemplo de los ingresos que Bolivia recibirá en 20 años de provisión energética.
Me llamaron la atención algunos hechos. Y me hice una pregunta. ¿Por qué un país como la Argentina, que sabe, que YPFB no tienen recursos para invertir, que está produciendo al límite de su capacidad, para cubrir sus compromisos actuales y que viene anunciando la caída de sus reservas probadas, se anima a firmar un contrato incrementando la demanda en 20 MMmcd?
YPFB necesita hoy día, 180 millones de dólares americanos para asegurar la provisión de los contratos actuales. No sabe cómo conseguirlos. Y requiere al menos 3.000 millones de dólares para atender los requerimientos que se ha comprometido con la Argentina.
Actualmente, producimos 41.1 MMmcd, de ellos 40 se van en compromisos externos (Brasil y Argentina al tope de su demanda) se requieren 5 a 6 MMmcd para atender el mercado interno. Esto es lo que obliga a buscar 180 millones de dólares para producir más.
Claro que aún con la disminución de las reservas probadas, de 54.9 TCF a 48.7 TCF tenemos suficiente para atender los requerimientos comprometidos. Pero no deja de ser preocupante que las reservas disminuyan en vez de aumentar.
Entonces: ¿por qué se lleva a cabo la firma de un contrato, sabiendo que en el corto plazo, podría no ser ejecutado, debido a las razones que actualmente limitan la capacidad de producción de YPFB?
Los argentinos no son dadivosos, ni tienen en la actualidad capacidad financiera para invertir en exploración o explotación en Bolivia, cuando podrían hacerlo en su territorio. Así que el discurso de amistad y otras lindas frases son solo retórica.
Deduzco una sola razón y me inquieta, les confieso: La Argentina al firmar el contrato, obliga a Bolivia a producir más. ¿Cierto? Esto requiere más inversiones, es decir capital que Bolivia no tiene. ¿Cierto? ¿Cómo resolver el asunto? Obligando a Bolivia a negociar de distinta manera con las empresas petroleras.
En otras palabras, los únicos que pueden cubrir la demanda contractual, son las empresas que ahora, pueden imponerle al gobierno la modalidad de contratos que deben firmar. Si el gobierno no está de acuerdo, no hay contratos y sin ellos no hay posibilidad de cumplir con los compromisos actuales. Por tanto: la nacionalización, ha sido cercada y limitada. Las petroleras pueden respirar tranquilas y el gobierno puede ir preparando su explicación al pueblo y los movimientos sociales, del por qué no pudo nacionalizar el gas y el petróleo.
La Argentina cumplió un papel fullero. El gobierno ha caído en la trampa. No queda mucho para seguir diciendo que “recuperamos los recursos del gas y el petróleo”
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