Por esas cosas en las que se entremezclan el destino y los errores de planificación y gestión, la Argentina pasó a depender casi exclusivamente de Bolivia y de Venezuela para la cobertura de sus déficits energéticos. Se trata de los dos países cuyos actuales gobiernos se encuentran entre los menos previsibles de América latina a la hora de hacer negocios. La dependencia de Venezuela se extiende también al financiamiento externo, ya que, salvando las diferencias, el gobierno de Hugo Chávez pasó a cumplir el papel que antes desempeñaba el FMI como prestamista de última instancia.
En estas alianzas estratégicas resulta difícil determinar cuánto pesan las afinidades políticas y cuánto las necesidades concretas. Las necesidades de gas natural y fueloil son, ciertamente, tan innegables como urgentes. Pero si hubiera que atenerse a los discursos públicos, las afinidades parecieran gravitar más que las necesidades, cuya cobertura se transformaría así en su consecuencia natural.
La sociedad con el eje Chávez-Morales no constituye la mejor carta de presentación cuando se trata de atraer inversiones externas, como las que procura Néstor Kirchner para apuntalar el fuerte crecimiento económico de los últimos años. Por más que estos líderes de raíz populista, junto con Fidel Castro, gozan de una increíblemente buena imagen en la opinión pública porteña (según una encuesta que acaba de publicar el consultor Carlos Fara), no parece imprescindible abrazar causas anticapitalistas ni discursos antiempresa para justificar compras urgentes de hidrocarburos a precios de mercado, sobre todo cuando buena parte de los países latinoamericanos viene efectuando, en los últimos procesos electorales (México, Perú, Brasil y Ecuador), un viraje hacia opciones más realistas y moderadas.
Por su importancia económica, el acuerdo que suscribieron Kirchner y Morales para cuadruplicar las ventas de gas natural boliviano a la Argentina por un período de 20 años habría merecido el titular principal de los diarios locales si no hubieran mediado dos circunstancias que lo relegaron a un discreto segundo plano. Una es que su cumplimiento resulta más que dudoso por un sinfín de razones políticas y económicas. La otra tiene que ver con el plano interno: en la Argentina pasó a ser noticia que reaparecieran en San Vicente las peores formas de la violencia política y que algunos dirigentes industriales comenzaran a exponer en público inquietudes que desde hace mucho tiempo vienen susurrando en privado, en especial por la incierta perspectiva energética.
Desde el punto de vista estratégico, el acuerdo de largo plazo con Bolivia es irreprochable. Si al país vecino le sobra gas y aquí falta, la lógica más elemental indica que la oferta y demanda deben unirse, y, mejor aún, que la Argentina participe como socio de la producción gasífera que necesitará importar. El tiempo, además, apremia: el horizonte de reservas se redujo a sólo 9 años, frente a un consumo que no para de crecer, estimulado por una madeja de subsidios cruzados.
Contratos endebles
Pero las coincidencias sobre el qué se acaban cuando se comienza a indagar sobre el cómo. Al igual que con otros grandes anuncios del gobierno de Kirchner, vuelve a faltar la letra chica y ningún funcionario, del Presidente para abajo, cree necesario detallarla. Por eso abundan las preguntas sin respuesta: ¿inversión pública o privada? ¿con qué operadores? ¿en qué plazo? ¿con qué régimen jurídico? ¿con fondos cash del hoy rebosante presupuesto argentino o con financiación a cuenta de futuros pagos con gas? ¿de qué fuentes? Se trata de mucha plata para jugar a las adivinanzas, a menos que sólo se busque un golpe de efecto político o asegurarse de antemano un suministro que por ahora es teórico.
Bolivia dispone de mucho gas en su subsuelo, pero no tanto en condiciones de salir a la superficie. Especialistas locales aseguran que su producción actual no alcanzaría para cumplir los contratos de suministro que mantiene con Brasil (30 millones de metros cúbicos diarios anuales) y con la Argentina (hasta 7,7 millones). Si hasta ahora no ha habido problemas es porque Brasil no consume todo lo que podría (absorbe entre 25 y 27 millones) y la Argentina (con 5,5/6 millones) no puede transportar todo lo que necesita.
Si bien calcula sus reservas para 144 años al ínfimo consumo actual, éstas no están certificadas. Es el paso previo a cualquier inversión de riesgo. Pero a partir de esta base, el interrogante pasa a ser quién se encargará de la exploración, desarrollo y explotación de sus yacimientos. Aun asociadas, YPFB y Enarsa, las petroleras estatales de los dos países, no cuentan con la estructura necesaria: son poco más que agencias. Los profesionales y técnicos estatales también se privatizaron en los 90. Podrían contratar a las petroleras privadas que operan en ambos países (como Repsol y Petrobras), pero éstas se encuentran en conflicto con el gobierno de Evo Morales a partir de la nacionalización de los yacimientos bolivianos, que aún sigue sin instrumentarse. ¿Podría ingresar la venezolana Pdvsa y archivar el faraónico proyecto de gasoducto Caracas-Buenos Aires? No se sabe. En estas condiciones resultaría arriesgado invertir más de 1200 millones de dólares en la construcción del Gasoducto del Nordeste, si no está asegurado el gas que habrá de alimentarlo para abastecer a las generadoras eléctricas y las industrias argentinas, que hoy resulta de necesidad y urgencia.
En voz baja, las petroleras locales también objetan el precio pactado de 5 dólares (por millón de BTU), que habrá de ajustarse en función de los valores de combustibles líquidos sustitutos. Brasil tiene una fórmula similar, pero con una base mucho más baja, que ubica el precio de importación en alrededor de 3 dólares. Pero el cuestionamiento se basa en que el gobierno de Kirchner sólo les reconoce a los productores locales un precio promedio algo inferior a los 2 dólares, que desalienta la inversión en exploración. "¿Hay que operar en otro país para percibir precios de mercado?", se preguntan. Cuando se les señala que el negocio en Bolivia podría estar a cargo de las mismas compañías, replican que así se sacrificarían impuestos y mano de obra local.
Aun con todos estos interrogantes, más la precariedad política del gobierno de La Paz, el pecado original que arrastra la naciente sociedad gasífera argentino-boliviana (¿y venezolana?) pasa por otro lado: el respeto a los contratos y la seguridad jurídica. Morales, Chávez y aun Kirchner tienen notas muy bajas en esta materia. Incluso en la región Lula y Michelle Bachelet lo han sufrido en carne propia con el gas. Después de los discursos y las ovaciones en Santa Cruz de la Sierra, hasta el propio Kirchner (quien hace un mes hizo sonar la campana de Wall Street) debe haber consultado con la almohada hasta qué punto puede ser segura esta apuesta, que la Argentina viene siguiendo desde hace años por no tener a mano otra alternativa mejor. Al menos dentro de la insólita política de abaratar para futuros votantes un recurso que resulta cada vez más escaso y costoso de conseguir.
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