Al principio fue el caos, con gritos, panfletos y bombitas de mal olor en el recinto. Apenas comenzada la sesión de ayer —en la que el oficialismo logró aprobar en el Senado la ley con incentivos fiscales a las petroleras—, un pequeño grupo de militantes de Quebracho incomodó a los senadores, que suspendieron el encuentro por 20 minutos hasta que se renovó el aire. Fue cerca de las 17, cuando hablaba el kirchnerista Jorge Capitanich, del oficialismo. "¡Patria sí, colonia no!", se escuchó desde el palco del segundo piso, mientras volaron panfletos con la leyenda "legalizar el saqueo del petróleo es traicionar a la Patria" firmados por Quebracho.
En medio del alboroto, el puñado de militantes que concretó el "operativo comando" se hizo humo literalmente. Eran menos de diez, que salieron corriendo escaleras abajo. Zafaron de la custodia del Senado y de la Policía Federal, al sortear el vallado de la esquina del Congreso.
En el recinto quedó la confusión. "Han tirado un líquido raro", gritó una senadora, mientras se sacudía la ropa y el cabello.
¿Cómo entraron?, se preguntaba Capitanich, mientras miraba hacia el palco ya vacío.
Una asesora, que estuvo parada justo en la línea de fuego, corrió a limpiar su ropa, que quedó desteñida como si hubieran arrojado gotitas de lavandina. Otros legisladores permanecían de pie en medio del alboroto, y el kirchnerista Nicolás Fernández pidió un cuarto intermedio hasta que se normalizase la situación.
En ese momento creció en el recinto un inconfundible olor a podrido. Senadores y empleados acercaron al estrado las "pruebas", pequeños tubitos plásticos con un líquido marrón. Un empleado, con un aerosol de desodorante de ambientes en cada mano, roció el recinto para que pudieran volver los legisladores.
Un incentivo a la exploración
Con el nuevo régimen de incentivos para la exploración y explotación de hidrocarburos, el Gobierno sale a enfrentar uno de los aspectos más críticos del sector energético: la doble caída que registran la producción y las reservas de petróleo y gas.
Pese a haber cuestionado en numerosas ocasiones la política de los 90, la administración kirchnerista terminó convalidando buena parte de las reglas de juego del sector petrolero que habían sido fijadas en la época menemista.
Los incentivos—que oscilarán entre los 10 y 15 años— incluyen la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de Ganancias, la exención del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la libre importación de maquinarias y equipos.
Para acceder a los beneficios, las petroleras tendrán que ofrecerle una participación societaria a ENARSA.
El régimen promocional alcanzará a las cuencas marinas y terrestres que no han sido exploradas y a las áreas concesionadas por la Nación que no han recibido inversiones.
La ley les permite a los actuales concesionarios subdividir las áreas y devolver las que no están utilizando. En esos casos tendrán el derecho de igualar la mejor oferta que aparezca sobre la mesa y acceder a los incentivos y 10 años más de concesión. Este punto es el más cuestionado por las provincias petroleras que reclaman la transferencia definitiva de los recursos hidrocarburíferos que establece la Constitución Nacional.
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