by Maribel Nuñez
La Comisión Europea anunció ayer que ha abierto una investigación sobre las tarifas eléctricas reguladas que existen en España para las grandes empresas, como acerías o cementeras, «artificialmente bajas», que provocaron un déficit de 3.810,5 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005. Bruselas sospecha que ese déficit puede ser una «ayuda de Estado encubierta» que, al final, pagan todos los ciudadanos a través de los recibos de la luz.
La Comisión Europea anunció ayer que ha abierto una investigación sobre las tarifas eléctricas reguladas que existen en España para las grandes empresas, como acerías o cementeras, «artificialmente bajas», que provocaron un déficit de 3.810,5 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005. Bruselas sospecha que ese déficit puede ser una «ayuda de Estado encubierta» que, al final, pagan todos los ciudadanos a través de los recibos de la luz.
Ese déficit se produce al ser mayores los costes de producción de la electricidad que los ingresos obtenidos vía tarifas.
Las subvenciones de Estado están expresamente prohibidas en el Tratado de las Comunidades Europeas al suponer falseamientos y alteraciones de la competencia dentro del mercado único europeo.
Estas tarifas reguladas provocaron un déficit de 3.810,5 millones de euros en el sector eléctrico español en 2005, cantidad que está siendo financiada a través de los recibos que pagan todos los consumidores españoles de electricidad durante los próximos catorce años.
De esos 3.810,5 millones, a Endesa le corresponde el mayor porcentaje (44,16%), es decir, 1.682,7 millones de euros. Iberdrola recibirá el 35,01% del total, Unión Fenosa el 12,84%, Hidrocantábrico el 6,08% y Elcogás el 1,91%.
La apertura de una investigación por parte del Ejecutivo de Bruselas no prejuzga el resultado de ésta, ya que ofrece a las partes la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la cuestión.
Falsear la competencia
En este sentido la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, aseguró ayer que «aunque algunos sectores de la industria europea están pasando momentos difíciles debido a los elevados precios de la energía, debemos evitar los falseamientos de la competencia que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado energético liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas».
Bruselas va más allá y asegura que estas tarifas reguladas podrían haber beneficiado no sólo a las grandes empresas mencionadas sino que, «en cierta medida también lo han hecho a los operadores tradicionales del sector eléctrico, quienes podrían haber recibido una compensación excesiva del Estado español y haber conseguido un beneficio anómalo a través de este sistema».
Además, la CE añade que el hecho de que el Gobierno solamente permitiera a los operadores tradicionales de electricidad españoles ofrecer tarifas reguladas bajas «puede haber impedido a nuevos proveedores potenciales introducirse en el mercado eléctrico español y que este sistema haya inducido a algunos nuevos competidores recientes a abandonar sus actividades en España, eliminando así los beneficios que ellos habría supuesto para los consumidores».
Expediente de infracción en 2006
Esta nueva investigación abierta a España en relación con la posible ilegalidad de la tarifa regulada se suma al expediente abierto contra España el año pasado. En ese caso el Ejecutivo de Bruselas acusó a España de no haber abierto suficientemente a la competencia tanto los mercados de gas como de electricidad, tal y como establecen las directivas de 2003 sobre esta materia.
En el expediente de infracción del año pasado la Comisión Europea ya argumentaba contra España y otros quince países más que, entre otras cosas, «hay persistencia de tarifas de suministro reglamentadas para los clientes cualificados, que impiden la entrada de nuevos competidores y la libertad de elegir el suministrador».
Además de las tarifas reguladas, la Comisión Europea reprocha al Gobierno español, entre otras cosas, que no ha hecho lo posible por separar los gestores de redes integrados verticalmente con las actividads de producción y de suministro de energía eléctrica, así como el acceso discriminatorio de terceros a la red.
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