España insta a Morales a negociar en la crisis de los hidrocarburos

El Gobierno español endureció ayer su actitud hacia el presidente de Bolivia, Evo Morales, por su decisión de nacionalizar la producción de hidrocarburos y le apremió a dialogar para encontrar una salida "satisfactoria para las partes". El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negocios de la embajada boliviana y máximo responsable de la legación en ausencia de titular, Álvaro del Pozo, para expresarle su "profunda preocupación" por la medida y advertirle de sus "consecuencias para las relaciones bilaterales".
En el encuentro, celebrado en la sede de Exteriores a primera hora de la tarde, el director general para Iberoamérica, Javier Sandomingo, transmitió a Del Pozo la preocupación del Ejecutivo no sólo por la nacionalización, sino también por las "formas que han rodeado su adopción". Le recordó, además, el "compromiso" de las autoridades bolivianas de facilitar el texto del decreto con el fin de que se pueda estudiar y pedir las "aclaraciones pertinentes".

CUMBRE EUROPEA EN VIENA
Sandomingo reiteró al representante boliviano el deseo del Gobierno de alcanzar una solución "satisfactoria para las partes" mediante el diálogo y la negociación, según un comunicado difundido por el ministerio español. Tras la reunión, Del Pozo anunció contactos "al más alto nivel" entre su país y España, en probable alusión a que José Luis Rodríguez Zapatero coincidirá con el presidente boliviano en la cumbre UE-América Latina de los días 11 y 12 en Viena.
El jefe de la diplomacia, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo a su vez una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Celso Amorim, en la que acordaron responder a Morales con "firmeza y diálogo" en el "marco de un enfoque común", según señaló un portavoz de Exteriores. Brasil, principal inversor en Bolivia a través de la empresa estatal Petrobras, calificó el lunes de "gesto no amistoso" la decisión de Morales.

SIN ESTADOS UNIDOS España intentará coordinar su estrategia con Brasil y otros países que mantienen relaciones "intensas" con Bolivia en el campo energético, como Francia y Reino Unido, según fuentes diplomáticas. En este planteamiento no entra EEUU, pese a que en el pasado se anunció una concertación con ese país ante situaciones de crisis en el subcontinente.
Dentro de las acciones a seguir, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, anunció también una próxima reunión --previsiblemente esta semana-- con responsables de empresas españolas con intereses en Bolivia para analizar la situación en el país andino. Entretanto, el asesor económico del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, estudió anoche el nuevo escenario con los secretarios de Estado de Exteriores, Bernardino León, y de Economía, David Vergara, y el secretario general de Industria, Joan Trullén.
Por su parte, el responsable de la política exterior de la Unión Europea (UE), Javier Solana, y la Comisión Europea expresaron ayer su "gran inquietud" por la decisión boliviana y anunciaron que el asunto se abordará en la cumbre de Viena, informa Eliseo Oliveras.

SIN SEGURIDAD JURÍDICA
Solana advirtió que la medida "será perjudicial para el futuro económico y político de Bolivia". Solana precisó que un elemento fundamental para el desarrollo de Bolivia es "la seguridad jurídica para los inversores extranjeros". La nacionalización del sector energético, añadió Solana, quiebra esa seguridad y "sin inversión extranjera el país no podrá progresar".
El Ejecutivo comunitario lamentó que el Gobierno de Bolivia haya aprobado el decreto de nacionalización sin haber realizado previamente "un proceso de consulta y discusión". La Comisión Europea explicó que analizará en detalle los efectos del decreto para la inversión extranjera, tando dentro como fuera de Bolivia.