El partido del Bloque de Progreso (BP) ha propuesto al gobierno municipal PP-Alternativa Sanluqueña (AS) que "en vez de gastar dinero público en denuncias políticas contra la oposición y los representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento sanluqueño planteando absurdas batallas jurídicas, contrate letrados para salvaguardar los intereses de las arcas municipales, porque esto sí es económicamente rentable y políticamente razonable".
Para esta coalición formada por el Partido socialista andaluz (PSA) e Izquierda Andaluza (IA), "no se trata de judicializar la política, sino de que no exista impunidad en la gestión de los fondos públicos, de que el Ayuntamiento recupere parte del botín que algunos puedan haberse llevado". Considera que "se debe actuar contra los políticos, pero también contra los funcionarios que hayan emitido informes tendenciosos para favorecer conductas indecorosas de los primeros".
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