Dada la defensa numantina que el Gobierno está haciendo del sector energético español, luchando con todos los medios legales a su alcance para evitar que Endesa pase a manos de E.ON, es poco probable que permita que la segunda petrolera española, Cepsa, cuente con un mayor peso de capital extranjero en su accionariado.
La resolución del laudo del Tribunal de Arbitraje de la Haya permitirá al Banco Santander vender su participación, hasta ahora «congelada», en la petrolera, lo que le reportará unas suculentas plusvalías, próximas a los 1.300 millones de euros. Pese a que la propia entidad ha apuntado que no tiene «prisa» por vender -dado el recorrido que aún tiene la acción de la compañía y los aspectos legales y fiscales que todavía se deben resolver-, la tormenta energética hará que llegado el momento la mayoría de las papeletas para hacerse con el paquete accionarial del banco las tenga una empresa de titularidad española.
En este sentido, las miradas se dirigen hacia Unión Fenosa, no sólo porque la eléctrica ya posee el 4,9% del capital de Cepsa, sino también porque cuenta con un nuevo socio de referencia, ACS, que en los últimos tiempos ha tomado posiciones estratégicas en negocios tan diversos como la energía, las telecomunicaciones o las autopistas.
Contrapeso. Además, una posible alianza con los socios de Abu Dhabi, IPIC, supondría un contrapeso al 49,7% que pasará a ostentar Total después de ejercer la opción de compra sobre el 4,3% de la petrolera a una precio histórico de 7 euros. De hecho, esta opción de venta fue la solución que encontró el entonces presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, para ceder a Total este paquete accionarial, ante la disconformidad del Gobierno a que la francesa aumentara su peso en la petrolera española.
Sin embargo, el Santander no podrá «hacer caja» hasta que liquide Somaen-Dos, la sociedad que une a la entidad y a la petrolera que presiden Emilio Botín y Thierry Desmarest, respectivamente, y que representa el 33% del capital de Cepsa. El proceso se presume largo. Y es que la liquidación de Somaen reportará grandes plusvalías a las partes, sobre todo, al Santander, pero también traerán aparejada una importante carga fiscal, ya que éstas tributan en sociedades al 35%. Por ello, los servicios jurídicos y técnicos de las dos compañías trabajan en la búsqueda de una solución que permita a ambas poner fin al «matrimonio» con los menores costes posibles.
Pero además del «problema» fiscal, quedan otros flecos pendientes, que áun se deben resolver, como el pago de las costas judiciales, término que Total y Santander están pactando, al igual que la indemnización que el banco debe pagar a la petrolera. Pese a que los árbitros consideran que los pactos de gestión que mantenían ambas empresas en Cepsa han quedado «ineficaces», dando la razón al Santander, sí determinan que el banco debe indemnizar a Total, al considerar que, con esta maniobra, «incumplió la obligación convencional y legal de actuar de buena fe».
A vueltas con la opa. La liquidación de Somaen también puede suponer un problema para Total, ya que para hacerse con el 8,3% que controla de Cepsa a través de la sociedad, la CNMV podría obligar a la francesa a lanzar una opa sobre la misma, a la que, según el laudo, no podría acudir Santander. Sin embargo, tanto fuentes del mercado como de la petrolera confían en que finalmente el supervisor desestime esta posibilidad. Según la actual normativa de opas, una empresa que controle más del 25% de una compañía y adquiera con posterioridad una participación superior al 6%, estará en la obligación de formular una opa parcial.
El contencioso entre Total y Santander se remonta a 2003, cuando el banco lanzó una opa sobre el 12% de Cepsa, rompiendo el pacto que mantenía con la francesa. La entidad se apoyó en la Ley de Transparencia, que anulaba los pactos parasociales, para justificar la operación, lo que provocó que su socio acudiera al Tribunal de Arbitraje de la La Haya.
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