El Tribunal Supremo decidió suspender de forma cautelar la opa de Gas Natural sobre Endesa para evitar los posibles "daños sustanciales e irreversibles" que sufrirían los consumidores y "la estructura empresarial" de la eléctrica que preside Manuel Pizarro en el caso de que, al final, se dictara una sentencia en contra de la decisión del Consejo de Ministros de aprobarla con condiciones.
Así lo explica el magistrado Oscar González en el auto por el que el Supremo acordó el pasado 21 de abril la suspensión cautelar de la opa, previa fianza de 1.000 millones de euros por parte de Endesa (que podrá aplicar el mismo aval ya presentado en el tribunal mercantil número 3 de Madrid).
El auto judicial, que tiene fecha de 28 de abril, fue difundido ayer. Consta de 33 páginas y está suscrito por 18 magistrados de la sala tercera del Supremo. El auto cuenta con cuatro votos particulares en contra, firmados por los otros 14 magistrados que integran la sala, entre ellos, el presidente de esta, Ramón Trillo.
En su voto particular, Trillo rechaza la suspensión cautelar por entender que esta ha sido solicitada por los administradores para defender sus propios intereses. "Junto al interés público", que deber ser protegido "se han esgrimido también, en este incidente cautelar, intereses privados en juego", afirma. El magistrado Fernando Ledesma abunda en que la paralización de la opa perjudica a los accionistas de Endesa. La suspensión de la operación impedirá que la alemana E.ON mejore la oferta por Endesa; además, constituye "una restricción inaceptable de la libertad de empresa", dice Ledesma.
El auto argumenta que la operación de compra de Endesa por parte de Gas Natural provocaría un "incremento de la posición de dominio" de ésta que podría "llegar a ser agobiante para los pocos operadores actuales" en los sectores de gas y electricidad.
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Ledesma, Margarita Robles y Mariano Fernandez Bermejo
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