El presidente Palacio tiene la obligación política y moral de definir una estrategia clara del Estado ecuatoriano para hacer frente a la demanda de arbitraje presentada por la compañía Occidental. La señal de alerta la ha dado Alberto Wray, abogado defensor del Estado, frente a la demora del presidente Palacio en la designación de un árbitro que intervenga en el proceso en representación del Ecuador. Si no lo hace, advirtió Wray, será el propio Ciadi –instancia donde se ha presentado la demanda- el que lo designe por el Ecuador. Si eso ocurriera, el país se encontraría en desventaja frente a la compañía petrolera, que exige en su demanda una compensación de $1000 millones.
El presidente no se ha pronunciado aún sobre el tema. Al parecer existen dudas en su entorno sobre la conveniencia de nombrar al árbitro. Hay quienes sostienen que, al hacerlo, el Estado ecuatoriano estaría aceptando tácitamente la jurisdicción del Ciadi para tratar el caso. Wray sostiene que nombrar el árbitro no comprometerá al país con la jurisdicción del Ciadi. El proceso continuará de todas maneras, nombre o no el Ecuador su árbitro, puesto que la empresa petrolera acudió a esa instancia en virtud de un Tratado de Inversiones Recíprocas firmado entre los Estados Unidos y nuestro país.
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