"Intolerable". Ese fue el comentario más suave que pronunciaron los miembros del Gobierno afectados por la carta que había remitido el 3 de marzo el director general adjunto de Mercado Interior de la Comisión Europea, Thierry Stoll, al embajador español ante la UE, Carlos Bastarreche.
Stoll descalificaba el Real Decreto-Ley 3/2006 acordado teóricamente por el Consejo de Ministros del 24 de febrero con el fin claro de frenar al grupo alemán E.ON en su intento de arrebatar la primera eléctrica española, Endesa, a Gas Natural, la gasista controlada por la Caixa.
«Una carta muy dura y el única precedente es la que remitió la Comisión Europea al entonces vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, por la ley de los descodificadores», ha declarado en Bruselas el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro.
La misiva, de carácter informativo, es el primer paso de lo que se avecina. Lo siguiente es que el comisario europeo de Mercado Interior,el irlandés Charlie McCreevy, abrirá procedimiento de infracción enviando ya una carta de emplazamiento al Gobierno español señalando que la Ley firmada por José Luis Rodríguez Zapatero vulnera el Tratado de la UE al impedir a un grupo comunitario, E.ON, su derecho a la libre circulación de capitales discriminándolo frente a Gas Natural. El brazo derecho de McCreevy es el alemán Alexander Schaub, que, aunque está próximo al retiro, mantiene intacta su reputación de halcón. Y más si el atacado es un grupo de su país.
Con la carta de emplazamiento, el Gobierno dispondrá de otros 10 días para presentar alegaciones. Pero en ambos lados se da por seguro que se pasará a la tercera fase. Se trata del llamado dictamen motivado, que también enviará McCreevy, y en el que, ya con forma de demanda judicial, reclamará la derogación del Real Decreto-Ley. Al negarse previsiblemente el Gobierno, la Comisión Europea en bloque -será difícil que el socialista español Joaquín Almunia pueda votar en contra- decidirá llevar al Ejecutivo español al Tribunal de Justicia de la UE.
Pero este escenario, con ser duro para un Gobierno que se proclama europeísta, no es el peor. La razón es que, salvo que el Tribunal de la UE decretara medidas cautelares, pasarán unos meses suficientes como para haber logrado frenar a E.ON en su intento de quedarse con Endesa.
El peor escenario tendrá como día D, el próximo 25 de abril.En esa fecha vence el plazo para que no McCreevy, sino su poderosa compañera en el Gabinete comunitario, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, tome la decisión de autorizar la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de E.ON sobre Endesa. El grupo alemán, que cuenta con un fuerte equipo en Bruselas, ha notificado ya formalmente a Kroes su intención de comprar la eléctrica española y, dado que no plantea problemas iniciales de competencia en el mercado europeo, espera contar con su visto bueno en un plazo que culmina el 25-A.
Si Kroes autoriza la operación entra ya en liza con el Gobierno español el Reglamento de concentración de empresas 139/2004.Y éste, en su artículo 21, faculta a la comisaria holandesa a verificar con McCreevy por qué un Gobierno está frenando una operación que ella ya ha autorizado. Según la normativa europea vigente, el Gobierno español sólo podría alegar que atenta contra el interés general de España.
El problema es cómo justificar ante Bruselas que E.ON, que es cinco veces mayor que Gas Natural, puede poner en peligro la seguridad energética en España. sin discriminar por nacionalidad, un principio sagrado en Bruselas. Y si Kroes no se convence tiene poder directo -superior al de McCreevy- de anular en poco tiempo el Real Decreto-Ley de modo que sería el Gobierno español quien tendría que llevarla al Tribunal de Justicia de la UE. Pero E.ON podría competir con Gas Natural y, al contar con más músculo, arrebatarla el control de Endesa.
La clave la tendría entonces el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe. Este ha asegurado que no permitirá a E.ON que lance su OPA sin visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Pero este organismo no puede pronunciarse sobre E.ON si Kroes anula a tiempo el Real Decreto-Ley que le otorga derecho de veto sobre cualquier intento de compra de Endesa, sea español o extranjero. Si Conthe acepta que la decisión de Kroes es suficiente, el Gobierno no podrá parar a E.ON. Si el presidente de la CNMV considera que hay que esperar a que el Tribunal de la UE decida, pasarán todavía muchos meses antes de saber quién se llevará Endesa y, para entonces, el grupo alemán podría desistir viendo los obstáculos que se van erigiendo en su contra. Pero si la UE le da la razón podrá reclamar en el Supremo una indemnización millonaria al Gobierno español por daños y perjuicios.
El Gobierno sabe que la imagen económica de España sufrirá, pero cree que merece la pena con tal de salvaguardar Endesa en manos españolas no sólo por seguridad energética, sino para poder mantener poder político en Iberoamérica a través de las empresas españolas.
«El patriotismo económico es un concepto moderno, aceptado en muchos países, incluido Estados Unidos», ha declarado el ministro francés de Economía, Thierry Breton. Pero según como se ejerza.«El intento francés de frenar al grupo italiano Enel mediante una fusión de Gaz de France y Suez no ha gustado nada en Bruselas, pero es menos atacable que la fórmula española, que consiste en nada menos que un Real Decreto-Ley de urgencia contra un grupo europeo. Además siempre es más fácil para la Comisión Europea dar escarmiento con un país como España que con Francia». El Gobierno niega oficialmente que el Real Decreto-Ley sea contra E.ON, pero en su carta a Bruselas del pasado 14, firmada por Bastarreche, cuando pedía más tiempo a la Comisión para explicar el Real Decreto-Ley, añadió que una crítica a E.ON, que usaba una sociedad instrumental -muy habitual en estas OPA- para comprar Endesa. Cualquier error será utilizado en contra por la Comisión Europea.
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