El foco de esta disputa se centra en los llamados convenios operativos, suscritos a mediados de la década de los 90 como parte de la apertura de la industria petrolera venezolana.
Las autoridades sostienen que el 90% de las compañías involucradas en tales acuerdos reportan pérdidas para evadir impuestos.
Hasta el momento, esas firmas han pagado un 1% de regalías sobre cada barril de petróleo extraído y un 34% de impuestos sobre la renta.
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