La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, tomó ayer el relevo de su colega de Mercado Interior, Charlie McCreevy, en la estrecha vigilancia que Bruselas mantiene sobre la actuación de las autoridades españolas ante la opa de Eon por Endesa.
El comisario irlandés se había centrado en verificar la legalidad del real decreto-ley que ha ampliado las competencias de la Comisión Nacional de Energía. Kroes llama ahora la atención sobre la aplicación efectiva de esa reforma en el caso de la opa de Eon por Endesa.
'Si las autoridades españolas tienen intención de tomar alguna medida que afecta a la operación, deberán notificar esas medidas a la Comisión para garantizar que respetan la normativa comunitaria', señaló ayer el portavoz oficial de la comisaria de Competencia.
Bruselas dispondrá entonces de 25 días laborables para decidir si las hipotéticas condiciones impuestas a Eon son compatibles o no con los principios generales del derecho comunitario.
Si la respuesta fuera negativa, España deberá renunciar a adoptar las medidas propuestas. De no hacerlo, la CE puede aprobar una decisión que las anule con efecto inmediato.
Bruselas recuerda que hay un precedente de un enfrentamiento de esas características. En 1999, el entonces comisario de Competencia, Mario Monti, suspendió las medidas aprobadas por el Gobierno portugués para impedir que el Banco Santander comprase el grupo Champalimaud. Monti incluso pidió medidas cautelares contra Lisboa al Tribunal europeo.
El conflicto entre Bruselas y Madrid no ha llegado tan lejos, de momento. Pero la aparente impertinencia de la CE de recordar al Gobierno español el artículo 21 del Reglamento europeo de fusiones (que obliga a notificar las posibles medidas) indica que Kroes augura una escalada en el enfrentamiento.
La comisaria, de hecho, parece dar ya por supuesto que España no podrá acogerse a la excepción de la 'seguridad pública' que permite imponer condiciones a una fusión sin notificarlas a Bruselas.
Solbes reconoce que la opa es comunitaria
Ante la advertencia del portavoz de la comisaria de Competencia, Jonathan Todd, recordando a España que la opa de Eon es de dimensión comunitaria a efectos de competencia, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, admitió que se trata, efectivamente de una operación comunitaria, pero recordó el derecho de los Estados miembros para defender el interés general. En este sentido, Solbes dijo que no hay nada que objetar al planteamiento de la CE, aunque recordó que el artículo 21 del reglamento europeo de concentraciones plantea tres excepciones: la pluralidad informativa; la supervisión financiera y la defensa del interés general, premisa en la que se basa la decisión del Gobierno de ampliar las funciones de la CNE. En este punto, añadió el vicepresidente podría 'existir algún debate' entre Bruselas y Madrid.
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