El decreto «anti-E.ON» y «los cinco en apuros»

El decreto «anti-E.ON» convalidado el jueves en el Congreso ha obrado el milagro y, por fin, las distintas familias políticas que se dan cita en el seno de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) parecen decididas a hacer causa común en defensa de la independencia del organismo supervisor. El veto contra la opa alemana se advierte como una misión imposible y de ahí que los consejeros noveles colocados por el PSOE se intenten arrimar a los más veteranos procedentes de la época del PP para no dar pasos en falso que incendien todavía más la achicharrada imagen de la entidad reguladora.
Aunque los recelos permanecen a la orden del día entre los distintos responsables de la CNE, Maite Costa ha conseguido una tregua interna, un momento de calma chicha, que puede servir para articular una estrategia de consenso de manera que los comisionados puedan salir indemnes de la encomienda impuesta por el Gobierno, evitando de paso que la institución se convierta de por vida en la correa de transmisión del ministro de turno. Por todo ello, y con el fin de no dar pábulo a ninguna susceptibilidad, la presidenta no ha tenido por menos que aceptar la machacona petición de Jaime González para que la Comisión celebre su primer consejo de administración en León. El amigo y paisano de Zapatero albergaba como un prurito la posibilidad de llevar a su patria chica la sede del organismo regulador de los mercados energéticos, un deseo que pronto adquirió visos de reivindicación cuando el Gobierno decretó el traslado de la CMT a Barcelona. Montilla consideró entonces que con un viaje era suficiente y Jaime González ha debido conformarse con una pequeña excursión por sus tierras leonesas como la que esta semana han realizado todos los altos directivos y consejeros de la CNE. A falta de pan, buenas son tortas.
Al tiempo que intenta guardar la ropa con la certeza de que es mejor lavar dentro de casa los trapos sucios, Maite Costa se ha lanzado a nado en busca de alguna colaboración que le ayude a remontar los pasos perdidos o que, en el peor de los casos, le garantice una salida airosa del cargo para el que fue nombrada no hace todavía un año. En el primero de estos escenarios, la presidenta de la CNE se ha cogido del brazo de la CNMV con el propósito de establecer una entente cordiale entre ambas instituciones. A pesar de que Manuel Conthe prefiere moverse como un llanero solitario alejado de cualquier vocación gregaria, el caso es que Maite Costa ha encontrado un interlocutor exquisito en el vicepresidente de la Comisión de Valores, Carlos Arenillas, con quien se ha marchado recientemente a Lisboa para explorar la conveniencia de formar un cuarteto a dobles parejas con sus respectivos homólogos portugueses. Los contactos mantenidos con Carlos Tavares y Jorge Vasconcelos, presidentes respectivos de los organismos supervisores del mercado de valores y del sector energético en el país vecino, son una buena piedra de toque para que la presidenta de la CNE vaya fogueándose en sus propias relaciones institucionales y saque alguna experiencia con la que combatir la exigente tutela de los poderes públicos en España. Maite Costa necesita nuevas apariencias para sacudirse ese perfil acusado que presenta ahora como reguladora monitorizada desde el Ministerio de Industria.
Conejillos de indias. Pero además, y para el caso de que el ministro no quiera entrar en razones, la máxima responsable de la Comisión de la Energía se está arropando en el cargo con un nutrido grupo de abogados, alguno de ilustre apellido como es Mariano Bacigalupo, hijo del célebre juez argentino del Tribunal Supremo y quien, en definitiva, será el encargado de elaborar los dictámenes previos a la toma de decisión sobre la opa de E.ON. El Gobierno ya ha dictado sentencia, pero ahora se necesita un verdugo sin remordimientos para ejecutar la pena máxima, que no es otra que el veto a la compra de Endesa. Grave decisión ya que el decreto-ley aprobado ad hoc por el Consejo de Ministros sólo ofrece desde el punto vista legal un enorme cajón de sastre para que cualquier desaprensivo con aires plenipotenciarios se despeñe por el camino de una arbitrariedad ciertamente discrecional.
En la CNE los ánimos están exaltados, principalmente entre los consejeros nombrados a instancias del partido en el poder y de sus socios catalanes. El llamado grupo de «los cinco en apuros» no quiere ser manejado otra vez como conejillo de indias, justo cuando la conquista de Endesa se aboca a una deriva procesal después de que una jueza valiente de Madrid haya decidido aceptar la suspensión cautelar de la oferta de Gas Natural. Falta por ver si Pizarro y demás administradores de la eléctrica ponen sobre el tapete los 1.000 millones de euros en forma de aval que establece el auto de la magistrada, pero lo que está claro es que la guerra de opas ha dejado de ser un juego de políticos ocasionales para convertirse en una batalla legal con responsabilidades que pueden costar muy caras. Llegado el momento de la verdad, lo cierto es que nadie entre los reguladores del mercado energético quiere ahora entrar a matar.