Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue el principal activo estratégico y económicamente viable del Estado argentino entre 1922 y 1992, logrando expandir la oferta y la producción de energía en todas sus formas (combustibles derivados del crudo, gas natural y electricidad), diversificando el suministro eléctrico (en base al gas natural que distribuía Gas del Estado, más la hidroelectricidad y en menor medida la nucleoelectricidad) y permitiendo una configuración de la estructura socioeconómica del país basada en la industrialización para sustituir importaciones de productos de consumo masivo, en industrias claves como el acero, petroquímica, automotriz, aeronáutica y naval, y en el avance científico-tecnológico. Más, con YPF el Estado formuló e implementó una serie de políticas de planificación energética que resultaron en el desarrollo de un aparato productivo que posibilitó mejores ventajas competitivas en la economía nacional y condiciones de vida para los ciudadanos.
No obstante, el modelo económico de la Dictadura Militar (1976-1983) basado en la desindustrialización, el estancamiento científico-técnico, la desregulación de los mercados, el ajuste estructural y el endeudamiento externo, dejaron las bases y cimientos para su completa enajenación posterior, la cual se ejecutó durante las dos administraciones Menem (la primera etapa culminó en 1993 y la segunda en 1999).[1]
Cabe destacar que entre los principales argumentos falsos empleados para entregar YPF al capital privado, sobresalen los siguientes: “YPF da pérdidas”, “la corrupción institucionalizada” y “el Estado no está en condiciones de realizar inversiones de capital de riesgo en exploración hidrocarburífera”.[2]
Primero, no puede decirse que YPF daba pérdidas porque la Dictadura Militar la había utilizado, gracias a su transparente gestión pasada, para adquirir empréstitos del exterior, los cuales no fueron destinados a la misma sino al Ministerio de Economía y en varios casos a cuentas bancarias en Suiza de funcionarios militares y civiles de la Dictadura; y, por otra parte, porque el fin de una empresa pública es la rentabilidad social, y no la maximización de ganancias como único objetivo, propio de una empresa privada. Asimismo, a pesar del endeudamiento ilegítimo e incluso de los precios de los combustibles para el mercado interno fijados por la petrolera estatal (bajos en comparación con los internacionales, pero acorde con los costos operativos del país), los cuales limitaban con fuerza el nivel potencial de utilidades, YPF registraba balances con resultados positivos relevantes.
Segundo, a pesar de la corrupción institucionalizada, que incluía parte de su directorio que actuaba como “cajero” de los gobiernos de turno y a las burocracias sindicales “abulonadas” a sus cargos para “ineficientizar” a YPF, los balances operativos de la empresa seguían exhibiendo utilidades.[3]
Tercero, la evidencia empírica demuestra que la petrolera estatal fue responsable del descubrimiento del 95% de las reservas de hidrocarburos del país durante sus 70 años de existencia. Por otra parte, si se comparan los esfuerzos exploratorios de los años ’80 con los correspondientes a la gestión privada, se observa una enorme brecha, ya que la gestión estatal de YPF realizó en los años ’80 un promedio anual de 117 pozos exploratorios, y la gestión privada entre 1999 y 2005 registra un promedio anual de apenas 26 pozos exploratorios, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación (los datos concernientes a la década del ’90 han sido falseados por las compañías petroleras, con el conocimiento de los secretarios de Energía “menemistas”, para justificar el supuesto incremento de reservas inmediatamente después de la privatización de YPF, en un contexto de “desaparición irracional de reservas”).[4]
La renta y saqueo de Repsol en YPF
Repsol era una mera refinería española, privatizada en 1996, y en 1999 tras una operación del Rey de España y del entonces Presidente de la Nación, Carlos S. Menem, adquiere mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) el 98,23% de las acciones de YPF S.A. (logrando alcanzar -y mantener- el 99,04% de las acciones tiempo más tarde). Cabe traer a colación que respecto a la conformación del capital social de Repsol YPF, según el “Informe Anual 2004” de la compañía, publicado en el primer semestre de 2005, en 2004 las participaciones significativas (superiores al 4%) que se observan eran las siguientes: “la Caixa” 10,2% en forma directa más un 2,3% en forma indirecta a través de Repinvés; BBVA 6,3%, Repinvés 5,6% y PEMEX 4,8%; mientras que el resto del capital se distribuía 59,4% entre accionistas institucionales (de los cuales sólo el 13,5% eran españoles y el 45,9% restante extranjeros, principalmente estadounidenses), y 13,7% representado por minoristas.
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