¿Ha tirado el Gobierno la toalla en el sector eléctrico? Modestamente, me parece una pregunta crucial. El pasado sábado, el Ministerio de Industria decidió liquidar seis de las diecinueve condiciones impuestas a E.ON por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para frenar su opa. Se trata de las más notables, las que obligaban eventualmente a la alemana a ceder o vender la gestión de las centrales nucleares de Endesa, así como a la enajenación de los sistemas eléctricos insulares más otras plantas consideradas estratégicas. ¿Pero es esto el reconocimiento de la derrota o es simplemente una retirada tardía que obedece a un cambio de estrategia?
Yo estaba dando vueltas a la cuestión cuando leí un editorial del periódico más vendido del país, que también es el más cercano al poder, que me sacó de dudas. Venía a decir que toda la ejecutoria del Gobierno en el asunto de Endesa ha sido un completo desastre pero que, al menos, "el Ejecutivo ha minimizado este fracaso con un cuidadoso calendario, que ha sabido conjugar el abandono a la desbandada de las patosas medidas anti.E.ON con la entrada de la constructora Acciona en el capital de Endesa, movimiento que defenderá, sin duda eficazmente, el principio de españolidad de las empresas energéticas nacionales". ¿A que no solamente es una interpretación elocuente, meritoria, sino muy probablemente cierta?
Descrédito de la CNE
En efecto, todo lo que se ha hecho en el sector eléctrico por parte del Gobierno que se presentó a las elecciones con la promesa de erradicar el intervencionismo de Aznar ha sido reveladoramente arbitrario. La falta de escrúpulos en la defensa de la opa de Gas Natural condujo a legislar ad hoc con el propósito de conceder poderes especiales a la CNE para que se pronunciara inequívocamente en contra de E.ON. Yo desconozco precedentes internacionales, no del descaro, sino de tal falta de finura. Este trazo grueso en la manera de actuar se cerró el fin de semana. Por fortuna, han desaparecido las trabas principales a la eléctrica alemana, pero el regulador español ha quedado por completo desacreditado, masacrado, ha sido impunemente violentado: ¿qué razón, más que un puesto de trabajo bien remunerado -en este país de Tócame Roque-, impide a los miembros de la CNE comportarse con la dignidad esperada, que les obligaría a presentar la dimisión compartida y fulminante, todos a una?
El caso es que, como bien decía el periódico de referencia y piensa la mayoría del mercado, no estamos ante una retirada sincera, no es que el Gobierno de Zapatero haya renunciado a su vocación inesperada -contradictoria con su falso talante naif- de pastorear el mundo de los negocios, sino que simplemente ha cambiado de táctica. En la defensa de la españolidad de las empresas patrias, en aras de la creación de campeones nacionales, primero se escogió la malograda vía regulatoria. Y visto que no ha podido ser, comprobado que Bruselas ha puesto el grito en el cielo, pues se ha acudido a las compañías españolas más fuertes, susceptibles de compartir una doble preocupación: la necesidad de seguir ganando dinero, diversificando las inversiones y colocando la liquidez acumulada durante la pasada expansión del sector constructor, y haciendo de paso un favor al Gobierno, de quien -sea de un color u otro- ha dependido una parte no despreciable de sus resultados, vía concesión administrativa.
No vean en esta exposición atisbo alguno de crítica a las empresas inmersas en esta nueva estrategia: Acciona, ACS o Sacyr. La única obligación de las empresas es ganar dinero, el mayor posible, por todos los medios a su alcance. Si es posible con el favor del Gobierno, también. Si es con la menor disputa y complicación posible, también. Se aspira, sin embargo, a que los gobiernos estén para fomentar lo contrario, la mayor competencia; su tarea tiene poco que ver con participar en cuchipandas empresariales por el bien del país.
Cuestión de tarifas
La reacción de las empresas españolas implicadas en esta pugna, que tanto dará que hablar todavía, responde a una lógica implacable: las tarifas eléctricas deben subir irremisiblemente, pues hace tiempo que están desajustadas con los costes; por otra parte, el sector eléctrico es una de las excepciones más sangrantes de la libre circulación de mercancías y de capitales, que es la razón de ser de la Unión Europea;es decir, es pasto de la intervención de los gobiernos: no hay interconexión -transacción libre de la mercancía- ni posibilidad franca de compraventa de empresas -la presencia de capital público y de derechos de veto de los gobiernos conforman un mercado completamente asimétrico-.
Todas estas originalidades, sin embargo, ni avalan ni justifican el dinamismo interventor del Gobierno español, ni su tácita alianza con empresas nacionales. Tampoco sirven para resucitar la validez de una filosofía que yo pensaba completamente superada: los núcleos duros. Los defensores de los mismos han vuelto a resucitar este otoño lluvioso como las setas. A medio plazo, dicen, la gestión ordinaria de las empresas -atada y bien atada- puede dar más valor que una opa hostil en metálico. Como nadie da puntada sin hilo en la selva empresarial, se suele poner como ejemplo la creación de grupos constructores e inmobiliarios como ACS, Sacyr o Metrovacesa mediante fusiones y movimientos corporativos que no implicaron ofertas en metálico por el 100% del capital. Es cierto que los accionistas minoritarios pueden estar muy complacidos con las alzas experimentadas por los títulos de todas estas sociedades. ¿Pero y qué?, me pregunto yo. ¡No me engatusen! ¡No me quieran hacer comulgar con ruedas de molino!
La toma de control de una compañía es la toma de control de una compañía: hay que desembolsar el dinero correspondiente. No se puede aspirar al control con un 25% del capital, como pretende Acciona con Endesa, ni tampoco con el 30%, como se espera que permita la nueva ley de opas que prepara el Gobierno. Y tampoco es muy sugerente la eventual fusión que patrocina ACS entre Fenosa e Iberdrola si se realiza, como cabe pensar, con un canje de acciones, pues los minoritarios podrían quedarse sin una sustanciosa oferta en metálico por sus títulos.
Por resumir, si en su primera intentona para monitorizar el futuro de Endesa, el Gobierno despreció la legalidad europea vigente, teniendo que dar marcha atrás después, en esta nueva fase parece que el control sobre el futuro de Endesa puede hacerse arrasando a los accionistas minoritarios, a través de compañías nacionales dispuestas a bloquear ofertas por el 100% de la empresa, al precio más elevado posible. ¿Ustedes creen que esto es muy español o muy patriota?
¿Qué pasaría si Acciona, acompañado de otros aliados supuestamente patriotas y bienintencionados, consiguiese arrumbar la opa de E.ON? Pues que la cotización de Endesa bajaría con rapidez, en pocos días, atrapando a buena parte de los accionistas. Naturalmente, los accionistas son responsables de sus posiciones, de sus actuaciones y de sus riesgos, pero la labor del Gobierno es promover el juego limpio. Sería un escándalo que no comprase Endesa el que pague más a todos y de la mejor manera posible.
source: Expansion
No comments:
Post a Comment