El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, está decidido a poner fin a este problema y ha diseñado un plan de actuación consistente, en primer lugar, en la designación de un coordinador europeo, «similar a lo que hemos hecho con los coordinadores de algunos enlaces, cruciales para el mercado interior, como el transporte», ha explicado Piebalgs.
La línea eléctrica de muy alta tensión entre España y Francia supone uno de los elementos principales para acabar con el aislamiento de la Península con el resto de Europa y ya ha sido declarada de interés europeo. Además, durante el próximo mes de enero, Bruselas estudia incluir en su lista de redes prioritarias otros proyectos transeuropeos de energía como el gaseoducto entre España y Argelia o las interconexiones eléctricas de España con Portugal y con Marruecos.
El «coordinador europeo»
La actuación de un «coordinador energético» para España y Francia llevaría a la práctica, por primera vez, la decisión conjunta del Consejo de Ministros de la Unión Europea y del Parlamento Europeo del pasado 6 de septiembre. Dicho acuerdo establece la posibilidad de asignar a un «coordinador europeo» que facilite el desarrollo de proyectos de gas y electricidad entre varios países y que ayude a combatir el actual retraso en la construcción de las redes energéticas transeuropeas. Sus principales labores pasan por identificar los problemas, dialogar con los promotores del proyecto y las personas afectadas, mediar entre las partes y presentar un informe anual a la Comisión Europea, el cual no será vinculante.
Asimismo, el coordinador puede contribuir a evaluar las peticiones de ayuda financiera comunitaria que sean tramitadas para impulsar ese proyecto. Al Ejecutivo comunitario compete designar al coordinador, previa consulta con el Parlamento Europeo, y a petición de los Estados miembros.
No obstante, la Comisión Europea puede nombrar uno, sin una demanda previa, «cuando un proyecto declarado de interés europeo experimente retrasos o dificultades de ejecución importantes».
En cuanto a la selección del candidato, el portavoz comunitario de Energía, Ferran Tarradellas, considera que «deberá ser una persona de bastante nivel, que conozca los tecnicismos de la red eléctrica y con cierto peso político». Preferiblemente, no deberá ostentar la nacionalidad de ninguno de los países implicados. Un ejemplo de coordinadora europea, en ese caso lo fue de una red transeuropea de transporte, lo representó la ex vicepresidenta de la Comisión Europea Loyola de Palacio. Quien también fuera comisaria de Transportes y Energía medió en el Proyecto Transeuropeo Lyon-Turín-Budapest.
Piebalgs se reunió en Bruselas el pasado lunes con el ministro de Industria español, Joan Clos, quien le comunicó que España y Francia pedirían oficialmente la mediación de la Comisión Europea en los «próximos días» para revitalizar la interconexión entre ambos países. Ese mismo deseo ha expresado el ministro de Industria francés, François Loos.
Primeros y difíciles pasos
Según fuentes comunitarias, ambos representantes se han comprometido a actuar tal y como diga el coordinador, que, una vez asignado, presentará un análisis de la situación en julio del próximo año. Pero esa remisión a Bruselas le ha costado al Ejecutivo español numerosas críticas de vuelta a casa.
El portavoz de CiU, Ramón Companys, ha acusado al Gobierno de «dejación de responsabilidades» al asegurar que «busca una cabeza de turco para poderle cargar toda la responsabilidad y luego decir que el trazado no lo ha hecho el Ministerio y el responsable es Bruselas».
El senador catalán consideraba esta semana que el problema para decidir el trazado de la interconexión no es técnico sino «de incapacidad del Ministerio de Industria para tomar decisiones en un tema vital». La polémica se deriva, principalmente, por la construcción de un tramo de la línea que uniría la localidad gerundense de Figueras con el municipio francés de Baixas en la región del Languedoc-Rosellón. Este tramo ha motivado numerosas protestas en la zona, y a él se oponen ERC e ICV-EUiA, actualmente en el Gobierno de la Generalitat.
LaRazon
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