El pulso entre la liberalización de la economía y las resistencias nacionalistas de algunos Estados miembros constituirá el hilo conductor de los debates de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará mañana y pasado en Bruselas. La polémica está siendo especialmente intensa en el sector energético, donde Francia y España, con posiciones y trayectorias muy distintas, intentan defender una estrategia nacional ligada a sus principales empresas energéticas, frente a los intentos de absorción por parte de grandes grupos de Italia y Alemania.
El debate entre liberalismo y proteccionismo se produce, sin embargo, con numerosas contradicciones en los propios Estados y en distintos escenarios, como el de la liberalización de los servicios y la apertura exterior del mercado de trabajo a los nuevos países de la antigua Europa del Este. La avalancha de protestas en Francia incide de lleno en la discusión de fondo que debe perfilar el modelo social europeo.
La cumbre será una buena ocasión para que el presidente francés, Jacques Chirac, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pongan encima de la mesa sus discrepancias políticas en el sector energético. El enfrentamiento entre ambos líderes se desató tras la decisión francesa de fusionar Gas de France con Suez, propietaria de Electrabel, desbaratando así el intento de compra de esta última compañía por parte de la italiana Enel.
La situación española es bien distinta. La tensión entre Madrid y Bruselas por el decreto ley del Gobierno de Madrid para proteger a Endesa de la OPA lanzada por E.ON no ha afectado a las relaciones entre la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Merkel será la que introducirá el debate de la energía en la cumbre en la noche del jueves. España, a diferencia de Francia, figura entre los países que han intensificado más la liberalización de su economía. Es uno de los seis países que han abierto completamente sus puertas a los trabajadores de los nuevos países de la ampliación de la UE y propugna una "interpretación más liberal de la directiva de servicios", como recordaba recientemente Alberto Navarro, secretario de Estado para la Unión Europea.
Frente a este debate ideológico, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, intentará reconducir la situación y replantear uno de sus objetivos iniciales previstos por la presidencia austriaca: definir con cifras y objetivos cuantitativos los planes de creación de empleo en los distintos Estados miembros y en el conjunto de la UE. Es la llamada estrategia de Lisboa de 2000, renovada el año pasado. Se trata de acabar con "el lenguaje burocrático y abstracto de la UE", como ha señalado el ministro de Exteriores francés, Philippe Douste-Blazy, y fijar unos objetivos comprensivos por todo el mundo.
Barroso explicó ayer en una conferencia de prensa que la cumbre debe servir para allanar las trabas a la creación de empleo. Quiere compromisos concretos. Ayer volvió a recordar uno de estos objetivos concretos: para finales de 2007, cuando terminen sus estudios, todos los jóvenes europeos deben tener una oferta de empleo o la posibilidad de continuar su formación en el plazo de seis meses.
Barroso vinculó directamente las reacciones nacionalistas aparecidas en algunos países con las trabas para desarrollar una economía competitiva que potencie la creación de empleo. El presidente buscará el respaldo de los líderes para impulsar un mercado energético a escala europea, aprobar la directiva de servicios según la versión blanda aprobada por el Parlamento Europeo y eliminar los obstáculos que dificultan la creación de empresas. "Queremos poner una alfombra roja a los creadores de empresas", dijo. La cumbre debatirá El Libro Verde de la Energía, que contiene unas treinta propuestas concretas. El objetivo es reducir la dependencia exterior, mejorar la competitividad y desarrollar un modelo energético que respete el medio ambiente.
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