Segun los datos oficiales, España es muy ineficiente en el consumo de energía. Entre 1990 y 2003 la intensidad energética (cantidad de energía necesaria por unidad de PIB) crecía un 0,5 por ciento anual en promedio en nuestro país mientras que en la UE se reducía en un 1,3 por ciento anual. Por otro lado, nuestra dependencia del exterior es ya de un 78 por ciento y sigue creciendo. Es una dependencia del 100 por ciento en el caso del combustible nuclear (España no produce uranio, y el proceso de su enriquecimiento se hace totalmente en el extranjero) y muy alta en combustibles fósiles.
Apostar por mantener la participación de la energía nuclear en el sistema eléctrico sería ir en la dirección equivocada. Desde la crisis del petróleo de los años 70 ha quedado constatado el fracaso económico, tecnológico, medioambiental y social de la energía nuclear, que se encuentra en una situación de pronunciado declive a nivel global. Su peligrosidad es innegable, como demostró la tragedia de Chernobil, que ha causado un grave daño a la salud humana y al medio ambiente. A los inevitables problemas de seguridad inherentes a cada diseño de reactor se suman los problemas técnicos derivados del envejecimiento de las centrales nucleares y el agotamiento de su vida útil, así como los problemas de pérdida de cultura de seguridad.
Greenpeace ha elaborado un estudio que pone de manifiesto el mal funcionamiento y los graves problemas de seguridad del parque nuclear español. Son múltiples los ejemplos, pero citando sólo algunos de ellos se ve esta falta de fiabilidad: los constantes fallos de la central nuclear de Cofrentes (Valencia); el escándalo del suceso de rotura del sistema de refrigeración de servicios esenciales de Vandellós-2 (Tarragona), el más grave de la historia de la industria nuclear en España después del accidente de Vandellós-1 en 1989; el reciente hallazgo, (también en Vandellós-2) de piezas metálicas sueltas en su circuito de refrigeración, procedentes del interior de la vasija del reactor; los problemas de protección radiológica de Ascó-1 (Tarragona); o los graves problemas de seguridad que arrastra la obsoleta central nuclear de primera generación de Santa María de Garoña (Burgos) –aparición de grietas por corrosión en los tubos que conducen las barras de control al interior de la vasija del reactor– que ha sido recientemente sancionada con un Nivel 1 por un problema de cultura de seguridad.
Precisamente en un contexto como el actual de aumento de los precios de los combustibles (no sólo del petróleo y también del uranio, cuyo precio se ha triplicado desde 2003 y sigue en alza) el margen para aplicar de forma económicamente eficaz programas de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables es aún mayor que antes. El potencial energético de las tecnologías renovables es inmenso: en España podría cubrir diez veces toda la demanda de energía primaria prevista para el año 2050 y unas 55 veces la demanda de electricidad, según un detallado estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Además, las centrales nucleares generan residuos radiactivos cuya peligrosidad permanecerá durante decenas de miles de años, y con los que no se sabe qué hacer. La gestión de estos residuos, sólo en España, costará a los ciudadanos más de 13.000 millones de euros, según los datos del Gobierno. Se ha demostrado que la energía nuclear no puede hacer nada para disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, por su incapacidad para sustituir el consumo de éstos en el sector transporte. A todo esto hay que añadir que la ciudadanía española rechaza mayoritariamente la energía nuclear y que el Protocolo de Kioto no la incluye en la lucha contra el cambio climático, tanto por su alto coste económico como por sus largos periodos de construcción.
A pesar de la enorme cantidad de subsidios que ha recibido y recibe, la energía nuclear ha perdido la batalla de la competitividad económica en unos mercados energéticos cada vez más liberalizados. No es una opción eficiente en coste. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts de 2003 concluyó que la energía eléctrica de origen nuclear no es competitiva. Para que lo fuera, los gastos de construcción deberían disminuir en un 25 por ciento; los plazos de construcción de las centrales deberían acortarse a cuatro años (actualmente es más del doble); o que se redujeran los costes de operación y mantenimiento en un 8 por ciento. Lo que difícilmente se logrará, entre otras cosas, porque tanto los costes de construcción como los precios del combustible nuclear son muy dependientes de la evolución de los precios del petróleo.
Si queremos tener una economía más competitiva, menos lastrada por la dependencia exterior, cumplir con compromisos internacionales como el Protocolo de Kioto y además encaminar nuestro sistema energético hacia la sostenibilidad de la que ahora carece, no tenemos más remedio que basar nuestra política energética en la eficiencia y en las energías renovables y pasar cuanto antes página en el capítulo de energía nuclear.
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