UE: Los países europeos con gigantes energéticos tienen las tarifas más caras

La Comisión Europea (CE) está considerando la apertura de un procedimiento de infracción a España por el cambio normativo que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que, de entrada, permitiría a la misma pronunciarse sobre la operación pública de adquisición de acciones (OPA) de la empresa alemana E.ON sobre Endesa.

Así lo confirmó ayer, en Bruselas, el portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, que subrayó que la CE cuenta con suficiente información para decidir si debe o no abrir un proceso, y "no necesita" esperar las explicaciones que solicitó al Gobierno español sobre el Real Decreto. El pasado 6 de marzo, Bruselas pidió al Ejecutivo español aclaraciones sobre algunos aspectos de esa norma, al considerar que puede "crear obstáculos al libre establecimiento y a la libre circulación de capitales", y le dio de plazo hasta el pasado viernes para responder a esa demanda.

Drewes indicó que ese mismo día el Gobierno español envió un fax a Bruselas en el que mostraba su disposición a cooperar con la Comisión, y precisaba que respondería a su petición una vez completado el procedimiento de aprobación del Real Decreto, que todavía debe ser ratificado por el Parlamento.

No obstante, insistió el portavoz, "la CE puede decidir sobre el procedimiento de infracción con o sin la información del Gobierno español".

Incidió en que los servicios del Ejecutivo de la Unión Europea están siguiendo los trámites habituales para estos casos y añadió que, si concluyen que se ha producido una violación de la normativa comunitaria, iniciarán el procedimiento correspondiente.

El portavoz no precisó cuánto tiempo puede tardar ese análisis y tampoco pudo asegurar si se tendrán en cuenta las eventuales explicaciones de Madrid, que, en todo caso, llegarían fuera de plazo.

La próxima ocasión en que Bruselas tomará decisiones sobre los procesos de infracción ya en curso, o acordará la apertura de alguno nuevo será el 29 de marzo, aunque fuentes de la Comisión no pudieron concretar si la posibilidad de abrir uno contra España por este Real Decreto se tratará en esa reunión. Entre tanto, el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro, tras participar ayer en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, subrayó la positiva disposición del Gobierno, que mantiene una posición "constructiva". En cualquier caso, en un aparente intento de quitar hierro al asunto, aludió a que España ya tiene abiertos más de cien procedimientos de infracción de la legislación europea, por motivos diversos, que van desde el retraso en trasladar a la legislación nacional normas de la UE a irregularidades en la construcción de un aeropuerto o por la ubicación de un vertedero.

Respecto a la postura adoptada por el Gobierno español ante la petición de explicaciones de la Comisión sobre los cambios legislativos para reforzar el papel de la CNE, Navarro aseguró que el Ejecutivo facilitará la información solicitada "lo antes posible".

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