El gobierno dijo que las empresas que operan en Bolivia tienen que cumplir las leyes y advirtió que aquellas que no lo hacen deberán enfrentar las consecuencias, en momentos en que la fiscalía investiga una denuncia de presunto contrabando de crudo en contra de una filial de la petrolera Repsol YPF.
"Las empresas tienen la obligación de subordinarse y cumplir con las leyes bolivianas. Las que respeten al estado serán bienvenidas, pero las que cometan irregularidades o no tributan tienen que ser castigadas", dijo el mandatario a la prensa.
Por su parte, el vicepresidente Alvaro García Linera fue más enérgico. "Aquí se cumple la ley. El gobierno no va a doblar la ley y no va presionar para que se adecue al empresariado", dijo.
Las declaraciones de ambos fueron realizadas a propósito de la detención por unas horas de los principales ejecutivos en Bolivia de Repsol, Julio Gavito y Pedró Sánchez, que el miércoles fueron puestos en libertad bajo fianza de 50.000 dólares cada uno, tras declarar de forma voluntaria ante la fiscalía. Sobre ellos pesaba una orden de búsqueda y captura porque no acataron un llamado anterior de los fiscales.
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