Al presidente del Gobierno le gustan los gestos audaces. Y eso le honra. La retirada de las tropas de Iraq o la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo es una buena prueba de ello. En política es mejor morir en el intento que vivir felices en la paz de los cementerios. Complicarse la vida va con la condición humana, y gracias a eso la sociedad ha avanzado. Galileo o Darwin cambiaron el mundo porque no se conformaron con la verdad oficial. A menudo mentirosa y falsaria.
Pero la audacia no es sinónimo de hacer las cosas bien. Y mucho menos con rigor. Uno puede ser audaz y cometer la mayor de las torpezas, por lo que los gestos valientes deben basarse en sólidos argumentos capaces de predecir o, al menos, intuir la verdad. La audacia sin argumentos es una solemne estupidez.
Al presidente del Gobierno le puede salir políticamente muy rentable aparecer ante la opinión pública española -la que acude a las urnas- como una especie de rebelde sin causa en el asunto de la OPA de E.ON sobre Endesa. A muchos de sus parroquianos le entusiasma la figura de un jefe del Ejecutivo enfrentado con los burócratas de Bruselas y defendiendo la industria nacional. A mí también me hubiera gustado que hubiera hecho lo mismo cuando se trataron asuntos como la reconversión minera, el cierre de los astilleros, los ajustes en la agricultura o el saneamiento de RTVE. Pero no lo hizo y optó por plegarse a las recomendaciones de Bruselas.
El Gobierno, como es conocido, ha dicho que no responderá por ahora a la misiva que le hizo llegar la Comisión Europea sobre el real decreto-ley aprobado para ampliar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía. Y que, como se sabe, tiene como único fin desbaratar la oferta de E.ON sobre Endesa.
Zapatero está en su derecho de provocar un incidente con la Comisión Europea. La historia de la UE está repleta de litigios que acaban en los tribunales. Por eso, no hay que darle mayor importancia. Pero alguno de sus asesores más cercanos -por ejemplo el señor Sebastián, a quien le paga el erario público por velar por el cumplimiento de los objetivos de Lisboa- le debería decir que está jugando con fuego.
Alguien debería susurrarle al oído que a las empresas españolas les puede salir muy caro esa estrategia de la tensión. Corren el peligro de ser tratadas con el mismo rasero en Europa. O incluso en Latinoamérica, donde muchas empresas hispanas controlan sectores estratégicos de la economía: banca, energía o telecomunicaciones. Si las naciones que han recibido en los últimos años inversión española decidieran utilizar los mismos criterios que el presidente del Gobierno, es muy posible que Telefónica, el BBVA o el Santander tuvieran que poner tierra por medio. De ahí la inconsistencia argumental del Gobierno español. Pero es que el problema va mucho allá.
Hace unos días, el Banco de España publicó los datos de la balanza de pagos, que sitúan a España con un déficit por cuenta corriente que representa el 7,6% del PIB.
Ese desequilibrio sólo puede ser corregido por dos vías: comprando menos bienes y servicios en el exterior o vendiendo más mercancías fuera de nuestra fronteras. La primera opción está descartada porque se puede producir un estrangulamiento económico, ya que las empresas españolas no están en condiciones de satisfacer las necesidades de los agentes económicos. La segunda es la más realista, aunque sea un proceso largo en el tiempo, y de ahí la insensatez del Gobierno español, que en lugar de facilitar la penetración de empresas españolas en mercados en los que se ha generado un déficit comercial crónico, juega al nacionalismo más ramplón.
El abultado déficit comercial español -equivalente al 7,7% del PIB- sólo puede corregirse exportando capitales y favoreciendo que las multinacionales españolas actúen como portaviones de las empresas exportadoras. Pero para eso hace falta seguridad jurídica en el interior. El principio de la reciprocidad es el que impera en los países desarrollados. Y de ahí la torpeza del Ejecutivo español.
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El descuartizamiento del Archivo de Salamanca
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