Las recientes OPAS lanzadas contra ENDESA no son una operación más de las muchas que a menudo se realizan en el panorama económico internacional, detrás de ellas se esconden intereses políticos, económicos y de luchas de poder; a lo que habría que añadir aquel viejo axioma mercantilista que se debate entre el intervensionismo del Estado y el liberalismo del mercado; paralelamente pueden entrar también en juego intereses nacionales, frente a las nuevas tendencias globalizadoras o supranacionales.
A favor del intervensionismo y del patriotismo, está en este caso, el Gobierno español quien ha aprobado unos oportunos reales decretos para reforzar la capacidad reguladora de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la pretensión de que sea el Estado quien autorice o rechace la toma de control de una compañía energética por parte de empresas extranjeras protegidas por algún tipo de control público (como es el caso de E.ON) y a la vez se propone terminar con lo que cobran las eléctricas por el déficit de tarifa, con el fin de hacer menos atractivas estas empresas ante posibles compras extranjeras. El Gobierno español tiene un modelo energético en el que no entra E.ON, por motivos diversos, unos de carácter político y otros con la intención de proteger un sector estratégico con intereses para los usuarios.
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