La administración del presidente Evo Morales asumirá acciones legales si es que la petrolera Andina, filial de Repsol YPF, inicia un juicio internacional contra Bolivia porque la Fiscalía cruceña detuvo a dos de sus ejecutivos en el proceso de investigación de presunto contrabando que se le atribuye a la empresa.
Mientras el Gobierno anunciaba esta intención, la compañía reiteró ayer que el equipo jurídico de la petrolera apelará la decisión de un juez que decretó el arraigo y el pago de una fianza de 100.000 dólares en contra de los empresarios Julio Gavito y Pedro Sánchez. La Fiscalía indicó que si la fianza no es pagada a tiempo el monto subirá.
"Si hay amenazas a nivel internacional, tenemos la obligación de enfrentarlas como Estado boliviano porque ahí, ya no hay independencia de poderes. El Estado boliviano tiene que enfrentarlas", dijo ayer el ministro de Planificación y Desarrollo, Carlos Villegas, tras ser consultado al respecto.
La autoridad precisó que el Gobierno antepondrá el respeto a la soberanía si se confirma la pretensión de la empresa petrolera
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