Tras la OPA de la compañía alemana E.ON, que distorsiona la que lanzó antes Gas Natural, el Gobierno ha irrumpido en la pugna por el control de Endesa y retoca la ley española sobre compras de empresas en bolsa. En el sector energético, antes de adquirir una compañía será preceptivo un dictamen favorable de la Comisión Nacional de Energía, con independencia del país desde el que se haga la oferta.
España subsana una laguna de su normativa, pero empieza un pulso internacional. La Comisión Europea, que no cuestiona el poder alemán para blindar E.ON, ha iniciado una ofensiva insólita contra el Gobierno español diciendo que quiere defender la libre circulación de capitales. Bruselas se muestra esta vez mucho más rápida que cuando había que proteger, por ese mismo principio, al BBVA en Italia ante la Banca Nazionale del Lavoro. Y olvida que el Tribunal Europeo ya avaló, por ejemplo, el poder de Bélgica para vetar acciones contra su sector energético.
España tiene razón al invocar los "intereses legítimos" nacionales contra esta OPA. Bruselas, que no usó ese tono con Francia o Alemania, debería recordar que el mercado eléctrico alemán está cerrado a la competencia extranjera.
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