En el interior de una humilde choza de madera a la que llama hogar, María Coyago está furiosa por cómo el gobierno ecuatoriano ha fracasado en tratar los problemas de su desolada aldea cercana a los ricos campos petroleros del país.
Coyago es una de las miles de personas de Napo y otras empobrecidas provincias amazónicas que respaldaron las violentas manifestaciones de la semana pasada, que nuevamente amenazaron a la industria petrolera del país.
"Queremos una vida mejor, pero el gobierno no quiere escucharnos," sentenció Coyago, una viuda de 71 años que gana 2 dólares al día sembrando hierbas en un terreno cercano al pueblo de Linares. "El gobierno sólo escucha a los palos y las piedras."
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