La Comisión Europea denunció hoy a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) debido a que su Gobierno no ha respondido satisfactoriamente a las demandas de Bruselas para que modifique el decreto en virtud del cual se atribuían prerrogativas especiales --conocidas como acción de oro-- a antiguas empresas estatales ya privatizadas como Italia Telecom, la eléctrica ENEL o la compañá de hidrocarburos ENI.
El recurso a la justicia europea se produce como última etapa del proceso de infracción por el que el pasado mes de octubre Bruselas pidió a Italia que modificara una ley que, en su opinión, excedía las disposiciones que contempla el Tratado de la UE y gracias a las cuales un Estado miembro puede otorgar 'algunas prerrogativas' a determinadas empresas, siempre que estén encaminadas a garantizar el suministro de servicios que son considerados de 'interés vital'. Los ámbitos en los que se podría aplicar esta regulación son reazones de orden público, seguridad pública, salud pública o defensa, informó la Comisión en un comunicado.
El pasado mes de diciembre, Roma contestó al dictamen motivado de la Comisión con unas explicaciones que Bruselas juzgó 'poco satisfactorias', por lo que hoy resolvió finalmente enviar a Italia al TUE al estimar que 'las prerrogativas especiales previstas por la ley italiana constituyen una restricción injustificada de la libre cinculación de capitales y libertad de establecimiento'.
Bruselas constató que 'el ejercicio de prerrogativas especiales previsto en la legislación italiana es desproporcionado para realizar tales objetivos' y cita en particular los privilegios que en este sentido se mantienen en empresas ya privatizadas, como Italia Telecom, ENEL o ENI. Agregó que 'los criterios fijados para el ejercicio de estas prerrogativas son vagos e imprecisos por lo que respecta al campo de aplicación y otorgan a las autoridades poderes desproporcionadamente extensos para apreciar los riesgos para los intereses vitales del Estado'.
Por otra parte, el Ejecutivo comunitario considera que las preocupaciones de interés público en las que se basaron las prerrogativas a estas empresas 'podrían haber sido satisfechos por otras disposiciones menos restrictivas'.
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