El Gobierno ultima un paquete de medidas para limitar el poder de mercado de las grandes compañías generadoras de electricidad. Entre las iniciativas, dirigidas a aumentar la competencia y, por tanto, a reducir el aumento "artificial" del kilovatio en el mercado mayorista, destaca la imposibilidad de que las firmas integradas verticalmente --generación, distribución y transporte-- puedan comprarse y venderse energía en el mercado mayorista (pool) en las mismas franjas horarias.
Otras actuaciones, que se recogerán en un real decreto ley que podría aprobarse mañana mismo, obligarán a las principales productoras a alquilar la gestión de potencia de parte de sus centrales a terceros, según fuentes del Ministerio de Industria. Estas medidas, estaban previstas para más adelante, se aplicarán "de forma inmediata" tras la OPA de E.ON sobre Endesa.
Las medidas son esenciales para frenar el déficit generado por unos costes de producción del kilovatio --que se forma en un mercado dominado por Endesa e Iberdrola-- muy superiores a la tarifa (ingresos) reconocida por el Gobierno. Ese desfase, que en el 2005 superó los 3.500 millones, lo paga el Ejecutivo, es decir, los consumidores a través de las facturas. Se da por sentado que el del 2005, anotado ya por las compañías en sus cuentas, será resarcido.
De esos números rojos se benefician sobre todo las eléctricas con más capacidad de aumentar "artificialmente" los precios. Y el Gobierno quiere "atajar la herida" ya, antes de que empeore. Sólo en enero, se generó un déficit de 900 millones al subir el kilovatio un 66% respecto a un año antes y un 195% frente al mismo mes del 2004. El aumento de los costes no justifica esas subidas.
"E.ON debe entender que el mercado energético español está regulado y que los precios del pool son artificiales", por lo que sus expectativas de ganancias deben moderarse, según las mismas fuentes. Los cambios pretenden "reducir el poder de las grandes compañías, seguir con la liberalización, aumentar la transparencia y la competencia".
El Gobierno también aplicará las directivas de la UE sobre luz y gas. España es uno de los ocho países con retraso en la implementación de las normas, pero, a su vez, "es uno de los mercados más liberalizado".
La Comisión Europea reconoció ayer que el Gobierno español puede invocar la cláusula de reciprocidad, prevista en las directivas de liberalización del mercado de electricidad y gas, como argumento para intentar frenar la OPA de E.ON, pero insistió en que prefería que no lo hiciera. El portavoz del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, admitió ante un grupo de corresponsales europeos que "la cláusula de reciprocidad existe y se puede invocar", pero añadió que "no deberían usarse este tipo de restricciones".
La interpretación amplia de esa cláusula permitiría a España apoyarse en la falta de acceso de las eléctricas españolas al mercado alemán para negar a E.ON el acceso a los clientes españoles. La CE centró ayer su actuación en instar a Madrid a que no use la acción de oro.
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