La Comisión Europea decidirá antes de la medianoche del próximo martes 25 de abril si autoriza la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa o si, por el contrario, abre una investigación en profundidad en el caso de que su investigación de mercado haya demostrado que la operación tendrá un impacto negativo sobre la competencia.
El análisis que realice la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, sobre la OPA será 'puramente fáctico y legal, como en todos los casos de concentraciones que caen bajo su jurisdicción', según ha explicado el Ejecutivo comunitario, que recuerda que tiene la 'potestad exclusiva' para estudiar todos los aspectos de competencia de la operación.
Si el Ejecutivo comunitario aprueba la oferta de E.ON, como anticipan los analistas, porque la mayoría de los mercados en los que operan las dos eléctricas no se solapan, se reducirá considerablemente el margen de maniobra del Gobierno y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para obstaculizarla. Kroes ya ha escrito a las autoridades españolas para recordarles que tienen que notificar con antelación cualquier medida que quieran tomar en relación a la OPA.
Estas posibles medidas tienen que basarse en otros motivos que no sean la competencia. La Comisión verificará entonces si están justificadas por algún interés general, si son proporcionadas al objetivo que persiguen y si respetan la legislación comunitaria en materia de mercado interior, especialmente el libre movimiento de capitales, el derecho de establecimiento y la no discriminación por razones de nacionalidad.
Si Kroes considera que las decisiones de la CNE vulneran la normativa europea podría anularlas. Esta decisión sería directamente aplicable y las empresas afectadas podrían invocarlas ante los tribunales nacionales.
Paralelamente, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, tiene previsto expedientar a España a principios de mayo por el decreto que amplía las competencias de la CNE para que analice la OPA de E.ON porque considera que vulnera la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.
Este segundo procedimiento contra el decreto de la CNE sería mucho más lento y costoso y podría acabar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Como ejemplo de la complejidad del proceso cabe recordar que el Tribunal declaró ilegal la 'acción de oro' de España en 2003 y sólo hace unas semanas que se derogó esta ley.
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