Los luchadores ganan». Era el mediodía del pasado viernes y el ex ministro de Defensa, José Bono, animaba a su compañero de almuerzo, el satisfecho presidente de Endesa, Manuel Pizarro. Este acababa de recibir la noticia más importante de la batalla que viene librando desde el pasado 5 de septiembre: El Tribunal Supremo acababa de suspender cautelarmente nada menos que el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizaba la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de Gas Natural sobre la empresa eléctrica.
Pizarro no está descuidando en las últimas semanas sus contactos con personalidades socialistas y disfrutó con Bono, que no ha compartido el entusiasmo de otros ex compañeros ya de Gabinete por las iniciativas económicas y políticas catalanas que tantos quebraderos de cabeza están provocando al partido en el poder.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volcado ahora en que se le recuerde por el hombre que convirtió España «en un país de paz y en paz» (fuera de Irak y sin ETA), también está perdiendo entusiasmo por esta operación. Fuentes gubernamentales aseguran que tras la decisión del Supremo —que Zapatero ha tomado con deportividad, pero con preocupación— «queda claro que la mejor solución es que haya una salida pactada entre todos los afectados en la que Pizarro debe continuar en la presidencia de Endesa».
Estas fuentes no ven ya sentido a insistir en el planteamiento hostil de Gas Natural que lanzó su OPA el 5 de septiembre sin avisar ni intentar llegar a ningún pacto previo con Pizarro. El Gobierno considera a éste «un amigo del PP», pero se resigna a que siga. El empresario aragonés ha jugado sus cartas y, con la oferta de la gasista suspendida y también indirectamente la contraopa del grupo alemán E.ON, ve su futuro despejado. «Demasiado despejado», se temen en Endesa. Ni en la eléctrica ni en el Partido Popular, que ha jugado fuerte en contra de la OPA de la empresa controlada por la Caixa, terminan de fiarse de un Gobierno y una caja de ahorros heridos en su orgullo. Especialmente herido está el hombre al que acudieron el presidente de la Caixa, Ricardo Fornesa, y el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, para lanzar el intento hostil de quedarse Endesa por 22.000 millones de euros. Es decir, el ministro de Industria, José Montilla. Este, que ha sido el valedor de la operación en el Gobierno reaccionó el pasado viernes con indiferencia a la decisión del Supremo. «Y ojo con Montilla, que si logra poner la bota sobre ti, no la levanta y aprieta», afirma un miembro del pacto tripartito catalán.
Pero la aparente calma del ministro de Industria en la nueva situación no es compartida por otros miembros del Gabinete ni por Moncloa. Montilla va a perder influencia en el diseño de la solución negociada, porque se va a abriendo paso lo que siempre ha dicho el vicepresidente segundo, Pedro Solbes: El entramado de relaciones entre políticos y poder económico en Cataluña no tiene parangón en Madrid y trae problemas.
Solbes era partidario de que, por ejemplo, Montilla se inhibiera en asuntos importantes relacionados con la Caixa al trascender que la caja que controla Gas Natural condonó el 29 de diciembre de 2004 6,5 millones de euros al partido socialista catalán que dirige el ministro de Industria. Pero éste se ha negado y la OPA que él patrocina está en vía muerta. El Supremo la suspende, porque ve indicios de que el Gobierno ha cometido la irregularidad de apartarse sin fundamento del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que recomendaba prohibir la OPA de Gas Natural por atentar contra los consumidores. A eso se une que la Comisión Europea abre procedimientos de infracción contra las medidas de Montilla para frenar la contraopa del grupo alemán E.ON. «Es evidente que Montilla no queda bien parado», aseguran fuentes gubernamentales. El ministro ya no es el infalible socialista catalán al que Zapatero le entregó la cartera de Industria en 2004. Además del revés con la OPA, El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha hecho una remodelación de su Govern sin contar con su opinión.
Y la política catalana es la prioridad de Montilla. El dice tener claro de todos modos que su paso por Madrid no es eterno.
El pasado miércoles, en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, subrayó que estaba «razonablemente satisfecho» de su trabajo, pero que «tiene también su cruz». Y, tras lamentar el poco tiempo que está dedicando a su familia, que vive en Barcelona, afirmó que considera su cargo como «un contrato temporal».
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha pedido «responsabilidades políticas» por la decisión judicial. El teórico responsable es Solbes, que fue el que propuso al Consejo de Ministros del 3 de febrero desoír al TDC, en contra de la jurisprudencia del Supremo, y autorizar la OPA de Gas Natural. Pero no se puede decir que sea un empeño personal del vicepresidente. Este se reunió en la víspera con Montilla y el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, también favorable a la OPA, para perfilar las asequibles condiciones que había que poner a Gas Natural para aprobar su absorción de Endesa. Pero el Supremo ha desautorizado este acuerdo.
¿Y ahora qué? Se avecinan intentos de negociación política y empresarial, salvo que el Gobierno diera con un arma que pueda dar la vuelta a la situación, lo que no ha podido hasta ahora. En la negociación política, el PP se ha negado a entrar a negociar diseños empresariales del tipo de incorporar a la cúpula del nuevo grupo Gas Natural-Endesa a personas de su cuerda, aunque sí está abierto a un pacto en política energética con el Gobierno. La Caixa ha incorporado al ex ministro de Industria, Juan Costa, miembro del comité ejecutivo del PP, al Consejo Asesor de Relaciones Exteriores de la caja, según publicó ayer el diario Expansión. Costa, que ya colaboraba con el presidente de la Caixa, Ricardo Fornesa, no está actuando de intermediario, según afirman en Génova.
En cuanto a los órganos reguladores, la presión va a ser muy fuerte a partir de pasado mañana, cuando la Comisión Europea tiene previsto aprobar la contraopa de E.ON sobre Endesa, que considera de dimensión comunitaria. Sin embargo, la Comisión Nacional de la Energía, a la que Montilla ha dado poderes sobre esta operación, quiere al menos dos meses más para tomar una decisión. Bruselas no lo va a aceptar.
Visto lo visto, una vez asumido por el Gobierno y la Caixa que la solución pasa por la negociación, toca hallar la difícil combinación que favorezca los intereses de los tres implicados: la Caixa-Gas Natural, Endesa y E.ON.
La mayoría de las fuentes consultadas ven dos escenarios. En ambos, el gran ganador es Pizarro, con independencia de si quiere permanecer o no al frente de Endesa cuando concluya la contienda. Si la eléctrica acaba absorbiendo Gas Natural —primera combinación—, Pizarro se convertirá en el presidente del nuevo gigante empresarial. Pero si es E.ON la que se hace finalmente con el control de Endesa, —la segunda— el ejecutivo turolense dejará el cargo con honores, al haber logrado la mejor de las ofertas posibles para los accionistas. Moncloa trabaja ya en la primera, que Fornesa y Pizarro ya barajaron un año antes de la OPA hostil.
Por tanto, buena parte de las sinergias están halladas. Para el presidente de Endesa, esta integración sí tiene lógica empresarial; principalmente, porque el pez grande absorbería al pequeño. La nueva Endesa-Gas Natural tendría dos centros de decisión, uno en Madrid y otro en Barcelona, si bien la sede social permanecería en la capital. Y el capital estaría liderado por Caja Madrid y la Caixa.
La caja presidida por Miguel Blesa nunca ha rechazado participar en una aventura de este tipo. La prueba está en que, durante los ochos meses de batalla, la entidad financiera se ha mantenido al margen de los enfrentamientos entre la Caixa y Endesa. La actitud del presidente de Caja Madrid ha despertado ciertos recelos entre los directivos de Endesa. Para consumar la unión entre la eléctrica y la gasista, E.ON debería quedar fuera. Para que el grupo alemán no abriera otro frente judicial, se permitiría que la empresa germana adquiriera parte de los activos sobrantes de la unión entre Endesa y Gas Natural. De esta forma, E.ON arrebataría a Iberdrola las desinversiones pactadas con la empresa catalana y se convertiría en un importante operador de los mercados españoles del gas y la electricidad. ¿Y si E.ON no acepta? El Gobierno ve una vía que ya ha comunicado a Berlín. La CNE no prohibirá la OPA de la empresa alemana, porque es muy complicado demostrar que no tiene capacidad para garantizar el suministro energético en España. Además, un veto provocaría un enfrentamiento con la presidenta alemana, Angela Merkel, y la CE. La idea es autorizar la compra, pero sin los activos de interés nacional como centrales nucleares o determinadas infraestructuras de transporte. Este requisito desvirtuaría el proyecto de la compañía alemana y obligaría a su presidente, Wulf Bernotat, a retirar la OPA o recortar —para disgusto de los accionistas de Endesa— el precio.
Pero si Bernotat se impone en la batalla, y se queda con la eléctrica, Caja Madrid podría ser su socio local y tendría un peso mayor que el actual en el consejo. Miguel Blesa se convertiría en vicepresidente con poderes ejecutivos. Es más, podría ser incluso presidente, aunque E.ON situaría a un consejero delegado con la mayoría de los poderes ejecutivos.
Pero el Gobierno querría que los alemanes cedieran un abultado paquete de activos a Gas Natural, aceptando incluso que E.ON se quede con Latinoamérica, pero quiere que la empresa catalana gane los activos eléctricos que la gasista necesita.
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