Algunas empresas ya tienen un pie puesto allí. Otras se están embarcando en diversos proyectos, bajo el paraguas de los pagos argentinos por el combustible venezolano. El plan de viviendas.
Venezuela es una seductora chance de negocios para algunas empresas argentinas, que prometen desarrollarse al amparo de ambos estados. Las menos, como Techint y, en menor medida, Pescarmona, ya tienen un pie firme y miran cómo dar otros pasos. Un nuevo núcleo bien heterogéneo, que incluye desde fabricantes de maquinarias agrícolas a incubadoras neonatales, aprovecharon los casi 400 millones de dólares que Argentina pagó por el combustible venezolano y que esa nación debe destinar a importar bienes desde acá. Fuera de este paraguas, las constructoras locales buscan cómo subirse al tren para cubrir el déficit de 2,5 millones de viviendas y la buena liquidez que tiene el país gobernado por Hugo Chávez.En un marco de empatía política, la compra de bonos locales, la rápida disponibilidad de fuel oil y gasoil caribeños que Argentina necesita importar para paliar la escasez de gas, y el convite a la energética estatal Enarsa para explotar el pródigo subsuelo venezolano son los réditos económicos más concretos del romance bilateral. Este, sin embargo, también es usufructuado por algunas empresas privadas.
Un buen estímulo para vender aquella nación ha sido el Convenio Integral de Cooperación que los dos países firmaron el 6 de abril del 2004 y por el cual se dispuso crear un fideicomiso con el dinero que Argentina pagara por la importación de combustible que se usa para producir electricidad. Esos recursos deberían ser utilizados para la compra de bienes industriales argentinos, según la previsión original, “petroenergéticos” y “agrícolas”.
De algún modo, el subsidio que el Estado argentino otorga a sus generadores eléctricos (todas empresas privadas) se usa para fomentar la actividad de otros productores locales. En la punta compradora está el Estado venezolano, que destina los recursos de su petrolera, Pdvsa, para comprarles a esos proveedores vernáculos.
“Argentina está vendiendo productos de alto valor agregado”, se anima Gabriel Hormilouge, asesor de la Subsecretaría de Integración Latinoamericana y Mercosur y uno de los mentores locales de aquel fideicomiso administrado por el venezolano Bandes, que desde el primer pago, el 9 de agosto del 2004, y diciembre del 2006, acumuló algo más de 390 millones de dólares. Según da fe el colaborador de Jorge Taiana, esa suma se había gastado íntegra en compras de rubros muy diversos, no previstos en el acuerdo original. El listado incluye desde los hardware que la estatal Invap provee para equipamiento hospitalario, el software que para el mismo fin vendió la sede local de Philips, las incubadoras de Medix, los ascensores de Servas, hasta equipos electroenergéticos o maquinarias agrícolas, entre otros.
A decir de la Cancillería, el éxito habría sido tal que algunas de esas empresas prevén nuevos contratos y otras analizan eventuales joint ventures con firmas estatales venezolanas, al aliento de varias prerrogativas. Una: aquel fideicomiso adelanta el 30 por ciento del valor de la importación, lo que les da a los proveedores capital de trabajo. Dos: Argentina seguirá nutriendo el fondo con la importación de combustible, para este año estimada en más de 200 millones de dólares. Otra más: el convenio prevé que el estado venezolano puede hacer aportes adicionales, con lo cual el presupuesto del fideicomiso puede ser aún mayor. Finalmente: las empresa que cultivan buenos nexos con Planificación, tienen allanada su labor de marketing.
Pero ese pozo no es la única vía para venderle aquella nación, con importante liquidez gracias a su abundante petróleo y el buen precio que éste alcanzó en el mercado internacional. Valga de ejemplo que muchos de los productos agropecuarios son comprados directamente por la Coordinadora de Abastecimiento de Servicios Alimentarios que, aunque está habilitada, no utiliza los dólares del fideicomiso.
Mucho antes del actual acercamiento entre las administraciones, el holding de los Rocca ya explotaba hidrocarburos de la mano de la francesa Total, y hace poco renovó su apuesta en el rubro, aviniéndose a los cambios que Chávez está imponiendo a los contratos petroleros. También hace su agosto con Sidor, paradójicamente, la planta que la constructora del grupo montó en los 70 con un contrato que, salto inflacionario mediante, le resultó ruinoso: la siderúrgica ahora privatizada hace tiempo es suya y lucrativa. Enrique Pescarmona hasta suavizó esmeradamente su discurso hacia la política kirchnerista, cuando gracias a los buenos oficios de Julio De Vido consiguió cerrar su contrato para la provisión de turbinas y operación de la central hidroeléctrica Macagua I, negocio que replicaría con Macagua II.
Pero el abanico de negocios para empresas argentinas parece abrirse. Los constructores que acompañaron a Néstor Kirchner en su última visita a Venezuela no trajeron de Puerto Ordaz ningún acuerdo firmado, tal como se preveía. Pero la comitiva que encabezó Aldo Roggio y que también integraron representantes de la constructora Iecsa (grupo Macri), o de Electroingeniería, entre otros, no dejó de mirar con atención la posibilidad de colarse en los planes de vivienda sociales. La meta chavista es construir entre 100 mil y 180 mil unidades por año, pero sus propias empresas no tienen la tecnología apropiada para llegar a esa meta políticamente ineludible. Las presuntas trabas burocráticas que vislumbran los empresarios argentinos no minaron el interés por explorar un terreno que se ve próspero también en el segmento de infraestructura.
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