Diez de los trece consejeros de Endesa que poseen acciones de la compañía tienen de plazo hasta el próximo día 23 de este mes para desvelar si van a vender sus títulos a E.ON a través de la opa presentada por este grupo alemán. Entre esos consejeros se encuentran el presidente del grupo, Manuel Pizarro, y el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió el pasado día 13 a Endesa para que, en el plazo de diez días, los consejeros que posean acciones de la compañía digan públicamente si van a vender sus títulos a E.ON a 38,75 euros antes de que acabe el plazo de aceptación de la opa el día 29.
En este caso es importante conocer la opinión de Miguel Blesa, ya que la participación de Caja Madrid en Endesa (9,9%) puede determinar el éxito o el fracaso de la opa de E.ON. En principio, todo apunta a que la entidad de ahorro venderá sus acciones al grupo alemán, lo que generaría unas plusvalías de 2.100 millones de euros. Hace unos días, Blesa manifestó que votaría a favor de eliminar los blindajes de los estatutos en la junta extraordinaria que fue desconvocada recientemente tras la entrada de la italiana Enel en el accionariado de Endesa.
De los diez consejeros de la eléctrica que poseen acciones de la misma -según los datos de la CNMV-, es Pizarro quien más tiene: 100.004. La mitad fue adquirida tres días antes de que Gas Natural lanzara la opa sobre Endesa el 5 de septiembre de 2005.
Nuevo desafío a Bruselas
Por otra parte, el Gobierno español volvió a repetir ayer a la Comisión Europea que las condiciones que puso la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la opa de E.ON sobre Endesa se ajustan a la normativa comunitaria. Madrid cumplía así con los plazos del ultimátum de siete días laborables que le dio la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, para que retirara las condiciones o, de lo contrario, denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, situación que parece estar cada día más cerca vista la nula intención del Gobierno de dar marcha atrás en su decisión.
Estas condiciones fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en septiembre y diciembre del año pasado, ya que contravenían el artículo 21 del Reglamento Comunitario de Concentraciones, que faculta exclusivamente a la Comisión Europea a intervenir en cuestiones de Competencia, lo que implica que ningún estado puede aplicar su legislación nacional en materia de Competencia a operaciones de dimensión comunitaria, tal y como ha hecho España.
La muy probable denuncia de la CE contra España ante el Tribunal se sumaría a la que ya tiene en la misma instancia por no haber respetado los artículos 43 y 56 del Tratado de las Comunidades Europeas, que prohíben a los estados miembros restringir la libre circulación de capitales.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) requirió el pasado día 13 a Endesa para que, en el plazo de diez días, los consejeros que posean acciones de la compañía digan públicamente si van a vender sus títulos a E.ON a 38,75 euros antes de que acabe el plazo de aceptación de la opa el día 29.
En este caso es importante conocer la opinión de Miguel Blesa, ya que la participación de Caja Madrid en Endesa (9,9%) puede determinar el éxito o el fracaso de la opa de E.ON. En principio, todo apunta a que la entidad de ahorro venderá sus acciones al grupo alemán, lo que generaría unas plusvalías de 2.100 millones de euros. Hace unos días, Blesa manifestó que votaría a favor de eliminar los blindajes de los estatutos en la junta extraordinaria que fue desconvocada recientemente tras la entrada de la italiana Enel en el accionariado de Endesa.
De los diez consejeros de la eléctrica que poseen acciones de la misma -según los datos de la CNMV-, es Pizarro quien más tiene: 100.004. La mitad fue adquirida tres días antes de que Gas Natural lanzara la opa sobre Endesa el 5 de septiembre de 2005.
Nuevo desafío a Bruselas
Por otra parte, el Gobierno español volvió a repetir ayer a la Comisión Europea que las condiciones que puso la Comisión Nacional de Energía (CNE) a la opa de E.ON sobre Endesa se ajustan a la normativa comunitaria. Madrid cumplía así con los plazos del ultimátum de siete días laborables que le dio la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, para que retirara las condiciones o, de lo contrario, denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, situación que parece estar cada día más cerca vista la nula intención del Gobierno de dar marcha atrás en su decisión.
Estas condiciones fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en septiembre y diciembre del año pasado, ya que contravenían el artículo 21 del Reglamento Comunitario de Concentraciones, que faculta exclusivamente a la Comisión Europea a intervenir en cuestiones de Competencia, lo que implica que ningún estado puede aplicar su legislación nacional en materia de Competencia a operaciones de dimensión comunitaria, tal y como ha hecho España.
La muy probable denuncia de la CE contra España ante el Tribunal se sumaría a la que ya tiene en la misma instancia por no haber respetado los artículos 43 y 56 del Tratado de las Comunidades Europeas, que prohíben a los estados miembros restringir la libre circulación de capitales.
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