Muchas cotizadas aún mantienen fórmulas para evitar la entrada de capital no deseado
Es la primera recomendación del Código Unificado, pero ni en España, ni en el resto de Europa, es de las tendencias de buen gobierno más seguidas por las empresas.
El Código Unificado, que desde este año deberán tener en cuenta las empresas cotizadas españolas que deseen alinearse en las mejores prácticas del buen gobierno, recomienda que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.
El código recogía el espíritu de la directiva europea de 2004 sobre esta materia. Sin embargo, a falta de ver lo que sucederá con el seguimiento del Código Conthe, algo que podrá examinarse en su totalidad cuando el próximo año las sociedades cotizadas remitan a la CNMV sus informes de gobierno corporativo, de momento algunas empresas, como Iberdrola, ya han anunciado que no eliminarán la limitación de los derechos de voto. El argumento utilizado es el de defender los derechos de los accionistas minoritarios.
Otras empresas como el BBVA sí eliminaron hace un par de ejercicios la limitación de votos. También lo hizo en 2003 el Banco Santander, por lo que ambas entidades decidieron deshacerse del principal blindaje que aún mantienen muchas empresas españolas. Según el último informe de gobierno corporativo publicado por la CNMV, 23 compañías mantienen en sus estatutos límites al derecho a voto.
Pero las empresas españolas no son las únicas reacias a hacer desaparecer de sus estatutos los distintos blindajes con que se protegen de la irrupción de capital no deseado.
Según un informe que la Comisión Europea dio a conocer la semana pasada, la tendencia a mantener los blindajes estatutarios es prácticamente general en todos los países de la UE. Es más, la CE ha detectado que en lugar de eliminarse las barreras a las tomas de control se han creado nuevas limitaciones. Así lo confirmó hace sólo unos días el comisario de mercado interior Charlie McCreevy 'Demasiados Estados miembros están poco dispuestos a levantar las barreras existentes, y algunos de ellos incluso han permitido a las empresas un mayor poder para poder frustrar las opas'.
El comisario considera además que la actitud de algunos Estados en este sentido ha terminado por contagiar a otros. 'Si la tendencia continúa existirá un verdadero riesgo de que las empresas que lanzan una oferta pública de compra de acciones se encontrarán con más barreras y no con menos. Esta situación va completamente contra el espíritu de directiva', se quejaba McCreevy que pese a todo se ha mostrado contrario a modificar la norma comunitaria.
Hasta el mes de enero tan sólo 17 países habían transpuesto completamente la directiva, mientras que ocho, entre ellos España, sólo han adaptado parcialmente su legislación.
Además, cinco países -Francia, Grecia, Hungría, Portugal y Eslovenia- han anunciado que dan marcha atrás y harán uso del denominado principio de reciprocidad, es decir, que se reservan el derecho de dar vía libre al consejo de administración de una compañía para frustrar una oferta que venga que un Estado miembro donde se permitan los blindajes. También España y Chipre, que sí contemplan la regla de pasividad, tienen previsto incluir este principio.
La gran mayoría de los países de la UE han decidido además no aplicar la denominada regla de la neutralidad que impide que ciertas restricciones a la transmisión de valores y a los derechos de voto sean efectivas durante una opa.
A la vista de los malos resultados obtenidos, la Comisión Europea asegura que planea realizar un análisis más profundo acerca de las razones por las que los estados miembros se han mostrado tan reacios a adoptar en sus legislaciones los contenidos de la directiva.
Mientras se desarrollan los últimos acontecimientos en torno a la opa sobre Endesa, ésta mantiene la convocatoria de junta general extraordinaria para el 20 de marzo para decidir si elimina los blindajes estatutarios tal como pide Eon.
Los cambios propuestos para los estatutos se refieren a la limitación de los derechos de voto situados en el 10%; el sistema de nombramiento de consejeros y la composición de consejo y las condiciones especiales para el nombramiento del consejero delegado. Son medidas frecuentemente utilizadas por las empresas. De acuerdo con los datos del Observatorio de Gobierno Corporativo y Transparencia elaborado por la Fundación de Estudios Financieros, la mayor parte de las medidas de blindaje se basan en cláusulas de garantía a favor de los miembros de la alta dirección (54,2%), los quórums reforzados (14,2%) y la limitación de derechos de voto de los accionistas (15%). El estudio constata que hay diferencias entre las medidas de blindaje en cuanto a tamaño y a sector. Petróleo y energía y bienes de consumo son los que más limitan los derechos de voto, mientras que el de materiales básicos industria y construcción los limitan en menor medida. Y por tamaño, el estudio señala que cuanto mayor es la empresa es más probable que exista una limitación a los derechos de voto.
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