by Maribel Nuñez
La Comisión Europea anunció ayer que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no retira en siete días algunas de las condiciones que le puso a E.ON para entrar en Endesa en julio de 2006 así como otras impuestas por resolución ministerial el 3 de noviembre de 2006.
La Comisión Europea anunció ayer que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no retira en siete días algunas de las condiciones que le puso a E.ON para entrar en Endesa en julio de 2006 así como otras impuestas por resolución ministerial el 3 de noviembre de 2006.
Estas condiciones fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en septiembre y diciembre, ya que contravenían el artículo 21 del Reglamento Comunitario de Concentraciones, que faculta exclusivamente a la Comisión Europea a intervenir en cuestiones de Competencia, lo que implica que ningún Estado Miembro puede aplicar su legislación nacional en materia de Competencia a operaciones de dimensión comunitaria, tal y como ha hecho España.
Desde que en septiembre pasado Bruselas declaró ilegales las condiciones puestas por la Comisión Nacional de la Energía a E.ON, entre las que figuraba por ejemplo que la empresa alemana, en el caso de que triunfase la opa sobre Endesa, tendría que mantener la marca de esta última o abstenerse de vender los activos en los archipiélagos, España, según Bruselas, ha reducido en algunas de las condiciones iniciales la duración de las mismas y ha matizado otras pero, en conjunto, no ha atendido la petición de la CE de «retirada total e inmediata».
El ultimátum dado ayer por la Comisaria Europea de Competencia, Neelie Kroes, tiene forma de «dictamen motivado», segunda fase del procedimiento de infracción contra una norma comunitaria y, si no es atendido, la CE presentará una denuncia formal ante el Tribunal de la UE.
Acumulación de infracciones
Además del expediente abierto por infringir el artículo 21 del Reglamento europeo de Concentraciones, el Gobierno español tiene otro frente abierto en Bruselas también en relación con su actuación en el caso de E.ON. En este segundo procedimiento el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no ha respetado los artículos 43 y 56 del Tratado de las Comunidades Europeas, que prohíben a los Estados restrigir la libre circulación de capitales dentro del mercado interior, cosa que supuestamente hizo con la ampliación de poderes a la Comisión Nacional de la Energía aprobada por el Gobierno español el año pasado y que, a posteriori, le permitió imponer las mencionadas condiciones.
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