El pasado 15 de mayo el ministro de Energía de Ecuador declaró la caducidad del contrato con la empresa petrolera occidental Oxy y la ocupación inmediata de las instalaciones de los pozos petroleros operados por esta trasnacional estadunidense, sin ninguna indemnización por parte del Estado ecuatoriano.
Seguramente la decisión tiene que ver con las adoptadas en Bolivia, pero también responde a las movilizaciones sociales de un sector del país consciente de la riqueza colectiva que no repercutía en su población. De hecho, la mayor organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha advertido ya al gobierno que es momento de que el país asuma la responsabilidad histórica de nacionalizar su industria petrolera y dedicar los recursos a la reactivación de la producción y a programas de equidad social.
La decisión lleva añadida una repercusión muy importante, que también exigían los movimientos sociales y ha llegado de rebote: Estados Unidos, molesto con la decisión, ha decidido romper las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Ecuador.
El impacto del TLC sería muy negativo, sobre todo para los campesinos. Un estudio de la FAO señala que algo más de un millón 660 mil habitantes del campo dependen de productos amenazados por el TLC y que los más golpeados serían los productores de maíz suave y duro, papas, arroz, productos avícolas, frijol, soya, carne, leche en polvo, cítricos, etcétera, productos que se producen en gran medida en las medianas y pequeñas parcelas. La invasión de productos agrícolas, altamente subsidiados provenientes de Estados Unidos, significaría la ruina de los pequeños productores agrícolas. En México, ustedes -lamentablemente- saben bien de lo que estoy hablando.
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