El cuerpo ejecutivo de la Unión Europea (UE) dijo que Madrid ha violado la normativa sobre competencia que otorga a Bruselas la jurisdicción casi exclusiva sobre las ofertas de adquisición transfronterizas.
Esta decisión es la última que adopta la Comisión Europea en su guerra contra el llamado nacionalismo económico.
"Hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de las condiciones impuestas por el regulador español de la energía son ilegales," dijo Jonathan Todd, portavoz de la Comisión. Añadió que Bruselas estaba preparada para avanzar "urgentemente" sobre el asunto después de esta decisión inicial.
La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que Madrid no daría marcha atrás en las condiciones impuestas a la oferta de E.ON.
"El Gobierno continuará defendiendo su posición, porque creemos que es la correcta," dijo en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.
A pesar de que el Ejecutivo de la UE aprobó en abril la oferta de la alemana por Endesa, la española Comisión Nacional de la Energía le impuso 19 condiciones el pasado 27 de julio, como la venta de centrales de energía nuclear y plantas de carbón, así como desprenderse de los activos que tiene en las islas españolas.
Bruselas cree que las condiciones a E.On violan las leyes europeas
De la leve sospecha a la duda, de ésta última a una “duda fundada” y ahora a la cuasi certeza. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ha estado este verano deshojando una margarita con 19 pétalos, equivalentes al número de condiciones impuestas por la CNE para autorizar la OPA de E.On sobre Endesa, que la empresa germana consideró abusivas.
Tras un “análisis preliminar”, Bruselas afirma ahora albergar “serias dudas” sobre la legalidad de esas condiciones. Para los no avezados a leer en el cuaderno de bitácora comunitaria, cuando Bruselas se manifiesta en ese lenguaje ambivalente –por lo general— la traducción suele ser negativa para los intereses de los implicados, en este caso España.
Tras ese examen, Kroes concluye que el organismo regulador español “ha violado el derecho comunitario”, dado que esas exigencias —afirma— no se justifican por la seguridad pública. Por ello, ha puesto una fecha taxativa para que Madrid aporte aclaraciones: el próximo 4 de septiembre.
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